La Comunidad adeudaba el miércoles 899.000 millones de pesetas a bancos y proveedores. Pero ayer el Consejo de Gobierno cambió de golpe estas cifras. El Ejecutivo aprobó, para adaptar sus cuentas a la nueva Ley General de Estabilidad Presupuestaria del Estado, que se contabilice también como deuda de la Comunidad la que arrastran las empresas públicas. La deuda se elevó así a 1,14 billones. Hacienda admite que este endeudamiento obligará a hacer las futuras inversiones bajo la fórmula de "concesiones administrativas" o peajes.
Juan Bravo, consejero de Hacienda, aseguró ayer que, a pesar de las nuevas cifras de endeudamiento, la Comunidad de Madrid podrá seguir invirtiendo en la región (autovías, hospitales, nuevas líneas de metro), si bien las nuevas "obras públicas tendrán que hacerse mediante concesiones [peajes]", señaló.
Bravo se refiere a que el Gobierno central ha impuesto una política de "déficit cero", que se traduce en que las administraciones públicas no pueden incrementar en 2002 su deuda. Si la Comunidad de Madrid no puede endeudarse más, tampoco podría invertir. La única solución, por tanto, son los peajes.
La semana pasada, las Cortes aprobaron la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que introduce el sistema contable europeo (SEC-95) en las administraciones españolas a partir del próximo ejercicio. Este sistema obliga a contabilizar como déficit público la deuda de las empresas regionales que realicen obras "por mandato" del Gobierno.
El 'metrosur'
Desde hace años, el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón, para no aumentar el déficit público, ha venido encargando "por mandato" a tres empresas públicas (Arpegio, Arproma y Tres Cantos) la ejecución de las principales obras públicas (metrosur, nuevas líneas del metro, enterramiento de vías de tren...). Posteriormente, el Gobierno les devolvía en varios plazos lo invertido. De esta manera, Arpegio pudo construir la línea 8 de metro; Arproma, la nueva maternidad de O´Donnel y la biblioteca regional, y Tres Cantos, por ejemplo, enterrar las vías del metro de Rivas o abrir la nueva carretera entre Pinto y San Martín de la Vega. Pero tanto invirtieron que, al final, su deuda superaba los 118.000 millones de pesetas.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer asumir, tal y como exige la Ley de Estabilidad, estos 118.000 millones como deuda pública. Pero para poder hacer frente a estos nuevos pagos el Gobierno ha tenido que endeudarse en otros 247.000 millones. Esta cantidad servirá para acabar con el déficit de las tres empresas regionales antes citadas; regularizar antiguas deudas de la Comunidad e inyectar otros 20.000 millones de pesetas en una cuarta sociedad pública llamada Mintra.
Ésta, que es una entidad de derecho privado, aplica la misma técnica de endeudamiento que las anteriores para construir infraestucturas (metrosur), aunque luego alquila, a precio de mercado, lo que construye. Mintra debe 430.000 millones de pesetas.
Con el proyecto de ley que ayer aprobó el Ejecutivo regional, la deuda de la Comunidad pasa así de los 899.000 millones a 1,146 billones. Sin embargo, si las negociaciones con el Gobierno central -que quiere que también se contabilice como deuda pública la de Mintra- fracasan, la Comunidad no deberá a los bancos 1,146 billones de pesetas, sino 1,5 billones.
La Comunidad se resiste a que se contabilice la deuda del Mintra, porque el Estado constituyó una empresa parecida, el GIF (que construye los AVE a Barcelona y Valladolid), y, sin embargo, el Gobierno central no contabiliza su endeudamiento en los presupuestos generales del Estado. "Si el GIF no, ¿por qué Mintra sí?", se pregunta Bravo.
Hasta ayer, la Comunidad de Madrid debía una cantidad semejante al 5% de todo el producto interior bruto de la región (18 billones de pesetas). Tras este último Consejo de Gobierno, debe el 6,4%. Si se contabilizase el endeudamiento de Mintra se llegaría al 8%.
El consejero Juan Bravo cree que, aun en este caso, la situación financiera de la Comunidad de Madrid es mucho mejor que la de otras autonomías. Puso como ejemplo que Cataluña debe el 8,1% de producto interior bruto, Andalucía el 8,3% y Valencia el 9,8%.
El consejero recordó que este endeudamiento de la Comunidad "es producto del enorme esfuerzo inversor del Gobierno, que construye hospitales, autopistas, escuelas, líneas de metro...". "Todo lo que se ha invertido es una realidad palpable por los ciudadanos", concluyó.
"Contabilidad creativa"
PSOE e IU creen que la deuda regional se ha disparado, pero no por las inversiones, sino porque todo el sistema regional contable es "contabilidad creativa". El portavoz del PSOE, Adolfo Piñedo, denuncia que de los 247.000 millones de pesetas que el Gobierno ha preparado para enjugar la deuda de Arpegio, Tres Cantos y Arproma, 130.000 irán destinados a "ajustar remanentes de tesorería de ejercicios anteriores de los presupuestos". "¿Pero no decían que tenían cada año superávit?", se pregunta.
Por su parte, Franco González, de IU, cree que han sido los bancos los que han forzado al Gobieno a asumir la deuda de las empresas públicas. "Era tanta la deuda de estas sociedades, que ya no les prestaban dinero a no ser que fuera la Comunidad la que les avalase", afirma.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2001