La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, asegura que la Ley de Rentas Mínimas de Inserción -que se debate en la Asamblea tras ser consensuada con la patronal y los sindicatos UGT y CC OO- "garantiza esta ayuda económica a las víctimas de malos tratos que, carentes de recursos, deban abandonar el domicilio conyugal". Martínez contesta así a una enmienda a la ley presentada por el PSOE en la que pide que estas mujeres accedan "de forma inmediata", una vez presentada la denuncia por maltrato, a esta ayuda de 48.895 pesetas al mes.
Según Carmen García-Rojas, diputada del PSOE, las víctimas de maltrato necesitan un procedimiento especial de acceso a estas rentas mínimas porque, al no estar legalmente separadas, en sus ingresos se computan los del marido y pueden superar lo establecido para recibir esta ayuda.
Martínez replica que la futura ley ya prevé estas situaciones en sus artículos 6 y 7. "Una ley no puede contemplar toda la casuística, porque para ello ya estará el reglamento. Pero todos los que hemos elaborado la ley hemos tenido como objetivo garantizar unos recursos mínimos a estas mujeres para que, al mitigar su miedo a la pobreza, dejen de soportar a su maltratador", sostiene.
El artículo 6 de la norma permite que solicitantes "en extrema necesidad", como pueden ser las víctimas de la violencia sexista, accedan a estas ayudas aun no cumpliendo todos los requisitos.
Martínez asegura también que la nueva ley supera algunas trabas que el ingreso madrileño de integración (IMI) -una ayuda de 43.000 pesetas predecesora de las rentas mínimas- establecía en el caso de las maltratadas: "Posibilita que las mujeres cobijadas en casa de familiares reciban este subsidio, algo que no era posible con el IMI, porque se computaban los ingresos de los parientes que las acogían, con lo que superaban el baremo. Hace posible, asimismo, cobrar estas ayudas mientras la mujer esté en una casa refugio, algo que el IMI no permitía".
También la red de ciudades contra la violencia hacia las mujeres, que agrupa a 20 localidades madrileñas, reclama que las prestaciones a maltratadas "sean tramitadas por vía de emergencia".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2001