Cacilda Quesado, juez del tribunal de Famalicão, una localidad situada a unos 30 kilómetros de la ciudad portuguesa de Oporto, decidió el pasado miércoles condenar a una simple amonestación a los cinco menores responsables de graves abusos sexuales contra una niña de 15 años a la que previamente habían emborrachado. La juez expulsó de la sala a la única periodista presente en el acto, leyó su decisión a puerta cerrada y prohibió la revelación de la sentencia, así como que se haga cualquier referencia al proceso. El diario Público, donde trabaja la reportera a la que la juez obligó a salir de la sala, publicó ayer la polémica decisión al recordar que todas las resoluciones judiciales son públicas.
La historia de esta niña es dramática. Primero fue supuestamente violada por su padrastro, un proceso aún pendiente de resolución por la misma juez, y posteriormente, el pasado mes de noviembre, fue objeto de graves abusos sexuales por parte de cinco menores alumnos de su propia escuela en Famalicão.
El diario portugués asegura que durante el proceso quedó probado que los cinco muchachos obligaron a la niña a ingerir altas dosis de bebidas alcohólicas y luego la penetraron sucesivamente "hasta el punto de hacerla entrar en estado de choque". A pesar de esos datos, la juez no apreció el delito de violación y sólo condenó a los cinco menores a una simple amonestación por abusos sexuales, siguiendo la propuesta del ministerio público.
Desafío a la juez
La menor tuvo que pasar, al menos en cinco ocasiones, por el tribunal para enfrentarse a cada uno de los menores durante sus declaraciones, dado que fueron abiertos cinco procesos, uno por cada muchacho, cuando de acuerdo con la nueva Ley de Tutela Educativa, subraya el diario, debería haberse concentrado en una vista.
El pasado miércoles, la niña tuvo que volver al tribunal para prestar una declaración por el caso de la supuesta violación de su padrastro y ahora se encuentra en un centro de acogida para menores en riesgo.
Por su parte, el diario Público decidió ayer desafiar la orden de la juez y revelar el contenido de su decisión. El periódico explicaba así su posición: "No lo hacemos gratuitamente o por sensacionalismo, sino porque entendemos que la justicia no se dedica sólo a castigar a los responsables de los delitos, sino también a prevenir futuros crímenes. (...) Dar publicidad a las sentencias es tan importante en un Estado de derecho como garantizar juicios justos".
"Estamos, por otro lado, convencidos de que tenemos la razón moral y legal, dado que la nueva Ley Tutelar Educativa prevé el sigilo sobre algunos aspectos o piezas de estos procesos, pero obliga siempre a que la lectura de la decisión sea pública", añade el texto de un editorial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2001