Camillo Ruini, cardenal vicario de Roma, y el Vaticano en pleno con él, habrá celebrado ayer casi como un éxito personal la primera ley aprobada en Italia que reconoce al nasciturus la personalidad jurídica de un hijo. El texto, que forma parte ya de la legislación del Lazio, la región de Roma, otorga además a los casados un estatus superior al de las parejas de hecho. Todo en sintonía con la doctrina católica que defienden con ahínco tanto el cardenal Ruini como el Papa.
La nueva ley de ayuda a las familias de la región, gobernada desde hace poco más de un año por una junta de centro-derecha liderada por Francesco Storace, del ala más radical de la posfascista Alianza Nacional, tiene más valor simbólico que económico, porque no supera los 200 millones de pesetas. El texto legal enumera una serie de ayudas -desde préstamos sin interés a reembolso de gastos de instalación del agua o el gas en la propia vivienda-, que podrán solicitar los habitantes que reúnan una serie de requisitos. Aparte de no superar un determinado nivel de ingresos, los aspirantes tendrán que demostrar, con la documentación pertinente, que constituyen un matrimonio legal. A partir de ahí contarán como puntos a su favor el número de hijos, e incluso de embriones, porque por primera vez los hijos concebidos pasan a ser considerados como miembros de la familia, adquiriendo así personalidad jurídica. Storace, y con él todo el centro-derecha, considera la ley "una conquista de la que estar orgullosos", porque echa por tierra la anterior normativa que, a juicio del presidente de la región, "confundía las ayudas a la familia con las destinadas a cualquier forma de convivencia".
La izquierda ha reaccionado con indignación. Según Alessio D'Amato, del partido de los Comunistas Italianos, el texto vulnera dos artículos de la Constitución, el relacionado con la dignidad social y la igualdad y el que se refiere a los derechos y deberes de los padres a educar a los hijos aunque hayan nacido fuera del matrimonio. El Ayuntamiento de Roma ha protestado y señalado que "el reconocimiento jurídico del embrión es una de las más vergonzosas formas de instrumentalizar el embarazo, además de constituir un ataque a la ley del aborto".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2001