No cabe duda de que la docencia necesita instrumentos prácticos que permitan analizar su situación. Y no es menos cierto que el control de los centros educativos ha de ser un deber y un derecho de cualquier sociedad democrática. Ahora bien, esta evaluación se ha vivido en la escuela con cierta distancia y con muy poco entusiasmo.
Puede haber tantas razones como docentes, porque el trabajo con un grupo, con una clase, es para cualquier enseñante eminentemente individual, y el trabajo de equipo lo potencia, lo mejora, lo enmarca... pero no lo sustituye. De ahí uno de los reparos.
Pero además hay otras razones que han ido predisponiendo a ser reticentes ante propuestas impositivas de los poderes administrativos: la puesta en práctica de la LOGSE, la asimilación y los cambios derivados de nuevos enfoques educativos, y la constatación de que las tareas encomendadas a claustros y equipos directivos nunca sustituyen trabajos, sino que, por el contrario, se superponen a otros.
La evaluación de competencias básicas puede representar que lo básico es lo necesario y que, consecuentemente, lo restante es lo superfluo. Éste es otro de los divorcios que se dan entre sociedad y escuela, entre poderes públicos y los centros. Hay todo un proceso educativo oculto que no se ha considerado y que sólo es evaluable a largo plazo. Evaluar unos aspectos, y no otros, los minimiza en su importancia y se produce un alejamiento de la concepción de la enseñanza como algo global e integral.
Ante los resultados, cada escuela se replanteará o afirmará sus estrategias, si hay que introducir cambios o no. Pero lo verdaderamente alarmante es que los segmentos de población que necesitan más ayuda son los desfavorecidos socialmente. Y últimamente parece que la política educativa no va por estos derroteros.
Nuestras autoridades académicas nos hablan de un marco de reflexión pedagógica para lograr el principio de equidad, de igualdad de oportunidades. Pero el diagnóstico de una situación no es suficiente para mejorar. Hacen falta medidas contundentes para que nuestros alumnos consigan no sólo las competencias básicas en lo educativo, sino también en lo social.
Joaquim Cortés Rosich ha sido miembro del Consejo Escolar de Cataluña.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de diciembre de 2001