Vista desde la perspectiva que nos ofrecen sus dieciocho años de vigencia, la llamada llei d'Alacant presenta un semblante con rasgos contrapuestos. Si, por una parte, resulta legítimo considerarla un hito histórico en la trayectoria del País Valenciano contemporáneo, por otra tampoco podemos librarnos de percibirla como un rotundo fiasco. Ya lo veis, acaba de acceder a la mayoría de edad civil, pero lo hace en un estado decididamente lastimoso, con una dura carga de decrepitud.
Su fracaso difícilmente podría ser contestado. En efecto, al desastre global que representa Canal 9 -con el marasmo que supone el despropósito de sus criterios (socio)lingüísticos, más los éticos, y estéticos- hay que sumar el freno impuesto a la valencianización del sistema educativo, o el miserable porcentaje del funcionariado que ha tenido acceso al reciclaje lingüístico, o... Continúa en vigor el viejo prejuicio que hace de la lengua un fetiche, mientras la desacredita en su condición radical de vínculo comunicativo, es decir, instrumento de compactación social. Y en este sentido, legislar sobre la lengua sólo tiene sentido dentro de un proyecto colectivo de largo alcance; aquí y ahora, la planificación lingüística debe situarse como componente de una política global de recuperar un País Valenciano homogéneo, percibido como una causa compartida por el conjunto de sus habitantes. Para tal proyecto ningún instrumento se manifiesta más eficaz que el idioma, el catalán, en nuestro caso, por supuesto. Y hay que reconocer que este diseño no aparece insinuado ni por la ley ni por sus mentores.
De hecho es una ley que no se creen quienes deben ser sus máximos garantes. Para empezar, la misma conducta comunicativa del Consell de la Generalitat constituye todo un espectáculo lamentable, que raya en 'desobediencia institucional'. Definitivamente, hablar ahora de 'Comunidad Valenciana' resulta un sarcasmo. La situación se complica al acumularse las nuevas necesidades comunicativas que surgen en este centro álgido del eje mediterráneo de la Unión Europea, precisamente ante el reto que plantea la nueva era de la comunicación, más la aparición de los flujos inmigratorios. Por desgracia, la ley y sus gestores miran hacia otro lado.
En esas condiciones todo parece indicar que se abren posibilidades magníficas al protagonismo que ejercen los colectivos civiles en el compromiso asumido porque compartamos unas mismas aventuras colectivas, una misma voz. He aquí el horizonte que debería orientar a la Llei d'Ús, la cual por ahora deambula dando palos de ciego.
Vicent Pitarch es lingüista y autor de diversos ensayos sobre el uso del valenciano.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de diciembre de 2001