José Díaz Delgado, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), ordenó el pasado 27 de noviembre la suspensión del presupuesto de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Tavernes Blanques, que preside el PSPV desde 1979. La decisión judicial responde a las reiteradas denuncias de un particular a raíz del incumplimiento de un convenio urbanístico firmado con la corporación municipal en noviembre de 1988.
El convenio preveía la cesión de ciertos terrenos a cambio del aprovechamiento de otros tras una recalificación urbanística. El Ayuntamiento incumplió el convenio en sucesivos actos administrativos. Las denuncias del afectado desembocaron en una sentencia del TSJ, que en septiembre de 1996 fijó una indemnización de 348 millones al particular afectado.
Los sucesivos recursos del Ayuntamiento para evitar el pago de la indemnización fueron finalmente desestimados en enero de 2000.
Arturo Ros, portavoz del PP en la corporación municipal, explicó ayer que el Ayuntamiento dotó una partida para pagar parte de la indemnización en 2000 después de recibir toda una serie de apercibimientos judiciales, pero obvió de nuevo las obligaciones contraídas en el convenio suscrito en 1988 en el presupuesto de 2001.
Los 82 empleados públicos de Tavernes Blanques ya han dejado de recibir la nómina correspondiente a noviembre. El presupuesto municipal para 2001 asciende a 934 millones de pesetas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de diciembre de 2001