El Gobierno vasco y las Diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa decidieron ayer retomar con urgencia las conversaciones con la Administración central para llegar a un acuerdo sobre el Concierto Económico. En una reunión de casi tres horas que mantuvieron en la sede del Ejecutivo vasco la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y los tres diputados generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava decidieron apretar las agendas para iniciar a la mayor brevedad una nueva tanda de conversaciones con el Ministerio de Hacienda. El paso más inmediato será iniciar una serie de consultas con el Gobierno central para hablar sobre los asuntos donde continúa el desacuerdo para, acto seguido, retomar las reuniones.
Después de un fin de semana de cruce de acusaciones entre las dos Administraciones, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, declaró su voluntad de poner todas sus "fuerzas y empeño" para alcanzar un acuerdo. El Gobierno vasco decidió ayer cerrar los ojos y seguir adelante en la negociación, "como si la prórroga unilateral no existiera". Imaz justificó esta actitud "por responsabilidad" y explicó que, lo contrario, es decir, aceptar la prórroga, sería como "asumir la quiebra de relaciones entre la Administración vasca y la central". "Y no aceptamos eso".
Tres diferencias
El diputado de Hacienda de Álava, Juan Antonio Zárate, explicó ayer que un minuto antes de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidiera remitir al Consejo de Ministros la prórroga unilateral, existían fundamentalmente tres puntos de desacuerdo. En el tema de la participación de las instituciones vascas en la UE, se había llegado casi al acuerdo total. "La diferencia se redujo a un adjetivo", explicó Zárate. "Había una diferencia con el adjetivo calificativo de europeos con respecto al sustantivo foros, y había margen para un acuerdo muy fácil", subrayó.
La segunda diferencia era el cupo líquido, es decir la cantidad final que el Gobierno vasco debería abonar al Ejecutivo central. "La diferencia entre las propuestas era de sólo 7.000 millones de pesetas, 181.000 millones frente a 188.000, y había buena voluntad de fijar una cifra intermedia". Para Zárate, "no había interés" en el Gobierno vasco de cerrar este capítulo posiblemente para romper el plazo dado por el ministro. El diputado aseguró que las cifras que se manejaban no tienen nada que ver con las citadas por "Zenarruzabeitia y el presidente de su partido, Xabier Arzalluz, quienes hablaron de 100.000 pesetas más por cada vasco". El departamento de la vicelehendakari admitió después que se trataba de un incremento sobre el cupo bruto, un concepto previo al de cupo líquido y que no se suele manejar.
La última discrepancia se refería a la financiación de la Ertzaintza. El gasto policial vasco se deduce del cupo bruto y el Ministerio quiere regularlo con un convenio directo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de diciembre de 2001