Los socialistas han decidido iniciar un ofensiva contra la "manipulación y censura" que, en su opinón, caracteriza a los informativos de Televisión Española. Y para ello abrirán varios frentes: en el judicial presentarán denuncias para exigir el derecho de rectificación cuando una información les perjudique; en el legislativo, elaborarán una proposición de ley para redefinir RTVE y "desgubernamentalizarla", y en el social, crearán un observatorio "con expertos independientes" para analizar el sesgo de los informativos.
"Si tenemos que repartir octavillas, lo haremos, pero no vamos a permitir que nadie nos amordace", explicó ayer el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, durante la presentación de la "ofensiva" de su partido contra la "manipulación" de TVE, "que ya es más bien censura". La gota que ha colmado el vaso llegó el sábado, cuando el Telediario dio más cancha (tres minutos frente a uno) a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que a la masiva manifestación contra la Ley Orgánica de Universidades.
Los socialistas han detectado medio centenar de noticias censuradas en un mes: reclamaciones de la UE en el caso del lino, moción de censura contra el Gobierno canario, subvenciones a la Fundación Cánovas del Castillo, entre otras. En el caso Gescatera sostienen que la cadena pública ha ocultado hasta 50 noticias.
Para dar más empaque a sus denuncias sobre falta de objetividad y neutralidad en TVE, han decidido promover un observatorio para analizar si los espacios de noticias respetan la pluralidad y el derecho a la información y a la libertad de expresión. Se pretende que los trabajos de este grupo de expertos culminen en un libro blanco en el que aparecerán los fallos y se ofrecerán, igualmente, soluciones. Blanco ofreció el nombre de Gregorio Peces-Barba, rector de la Universidad Carlos III, como miembro de ese observatorio.
Blanco no descartó recurrir ante el Constitucional la enmienda introducida por el PP en el Senado para cambiar el estatuto de RTVE. En ella se establece una definición de "servicio público", elemento clave para justificar ante Bruselas la doble financiación. El dirigente socialista calificó esta enmienda de "golpe de Estado".
Ya por la tarde, en la presentación del nuevo carné socialista, el secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció su intención de crear un grupo de trabajo con el PNV, IU y el Grupo Mixto para mantener viva la investigación del caso Gescartera. La idea consistiría en recopilar todas las informaciones que aparezcan, especialmente desde el juzgado, y tratarlas conjuntamente para poder establecer conclusiones y buscar la responsabilidad política del Gobierno de José María Aznar. "Que el PP no esté tan tranquilo, que que no lo está", advirtió Zapatero, quien añadió que la investigación del caso Gescartera "sigue" y cada día que pasa las responsabilidades políticas "serán mayores".
En su criterio, la comisión parlamentaria que investigaba el caso se ha cerrado en falso, aunque ha dejado una cosa clara en términos políticos: que el presidente del Gobierno "ha unido su destino, con su apoyo, al de Rato y Montoro". Zapatero insistió en que las responsabilidades políticas deben ser exigidas, y denunció que el jefe del Gobierno "hace 41 días que no contesta a preguntas parlamentarias", pese a que, dijo, han ocurrido muchas cosas: "el cierre en falso de la Comisión Gescartera, el rechazo a la Ley Orgánica de Universidades y la subida de impuestos más fuerte que se recuerda". "Están pasando todas estas cosas y Aznar se dedica a tocar la campana" en la Bolsa de Nueva York y a "dar el campanazo en su entrevista con Larry King" en la CNN.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de diciembre de 2001