Juan Soto, concejal socialista del Ayuntamiento de Valencia, ha formulado una propuesta para limitar las posibilidades de adjudicar obras a las siete empresas privadas que disfrutan de las contratas globales de mantenimiento de la ciudad. La propuesta, presentada a la comisión municipal de hacienda, persigue que todas las obras nuevas o de reforma se adjudiquen a través de concurso público y que se limiten las adjudicaciones directas a casos excepcionales, tal como prevé la Ley de Contratos del Estado.
El equipo de gobierno municipal, que preside Rita Barberá, sostiene que las empresas que asumen las labores de mantenimiento de las calles, jardines, alcantarillas o semáforos de la ciudad lograron los contratos en su día a través de un concurso público y adjudica la inmensa mayoría de las nuevas obras a las mismas empresas. El Tribunal de Cuentas ha denunciado las restricciones a la competencia que entraña tal práctica.
A lo largo del presente ejercicio, las siete empresas privadas han consumido la mitad del presupuesto municipal de inversiones a través de adjudicaciones directas. La única empresa pública que asume una contrata global, AUMSA, consume casi un tercio del mismo presupuesto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de diciembre de 2001