La UE rechaza la propuesta italiana de aprobar una 'euroorden' que excluya los casos de corrupción

Los intentos de la presidencia belga en la Unión Europea por acabar con el veto del Gobierno italiano al mandamiento de detención y entrega no han dado fruto alguno. La situación sigue igual que el jueves y ahora está en manos de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión tratar de convencer al primer ministro Silvio Berlusconi de que la euroorden es un instrumento que protege a la ciudadanía de las formas más graves de criminalidad, como el terrorismo, el tráfico de drogas o la trata de seres humanos. Roma quiere excluir a toda costa la corrupción y el fraude, algo inaceptable para el resto de los socios europeos.

Durante toda la mañana de ayer, los representantes belgas e italianos negociaron posibles fórmulas para evitar que la euroorden sea todavía objeto de discusión en la Cumbre de Laeken, los próximos días 14 y 15. Italia ha propuesto que el mandato europeo se aplique a partir de 2004 sólo para 16 de los 32 delitos contemplados en la norma, incluido el blanqueo de capitales, pero no el fraude ni la corrupción. Para el resto, plantea que se apliquen a partir de 2008. La presidencia, como contraoferta, sugirió que la euroorden fuera efectiva desde 2005 para la lista completa de delitos, aunque con efecto retroactivo desde el 7 de diciembre de 2001, es decir, desde ayer.

Ninguna iniciativa prosperó. Los contactos bilaterales continuarán entre la presidencia belga y el Gobierno italiano para intentar sacar adelante la cuestión durante los próximos días. Todas las posibilidades están abiertas para acordar antes de final de año la cuestión, desde abordar el bloqueo en la cumbre de Laeken, que lo resuelva el Consejo de Asuntos Generales o bien convocar una reunión extraordinaria de ministros de Justicia. El comisario europeo de Asuntos de Justicia e Interior, António Vitorino, considera necesario que sean los jefes de Gobierno quienes resuelvan el veto italiano.

Interpretaciones

Las críticas hacia la posición de Berlusconi se acentuaron ayer. El propio Gobierno español, a través de Mariano Rajoy, recordó que "lo acordado por 14 países es equilibrado, sensato y tremendamente útil para combatir la delincuencia internacional organizada en cualquiera de sus formas" y pidió a Roma que "reflexione". "No tiene sentido quedarse solo en un tema de estas características, que, además, puede prestarse a interpretaciones que nosotros ni creemos ni vamos a dárselas", declaró el ministro del Interior.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista europeo, Enrique Barón Crespo, mostró su "indignación" por la negativa italiana a aprobar la euroorden pactada por 14 países. Según Barón, el rechazo a incluir la corrupción y el fraude en la lista de delitos a los que se aplicará este instrumento "muestra bien a las claras que lo que es necesario para los Gobiernos de la UE no parece admisible para el de Silvio Berlusconi, que en su propio país ha promovido una legislación que permite la protección e impunidad de ciertos negocios de dudosa honestidad financiera".

Los ministros italianos de Justicia, Roberto Castelli, y del Interior, Claudio Scajola, aseguraron que en ningún caso se están defendiendo los intereses personales de Berlusconi, sino los de Italia. "No tenemos segundos fines políticos. Sólo estamos actuando en interés de nuestro país", declaró Scajola.

Las críticas hacia la prensa extranjera no faltaron. La delegación italiana sostiene que seguirá negociando con la presidencia belga "con el objetivo de intentar cerrar un acuerdo positivo y unánime de los Quince" sobre el mandamiento de detención y entrega antes de la cumbre de Laeken.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de diciembre de 2001