Son historias desgraciadas de 1.259 españoles de cuyos nombres casi nadie se acuerda. Dolores Ruiz Guerrero, la abuela Lola, va a cumplir 80 años en la cárcel de Tijar Jail en Nueva Delhi (India); José Juan González se va a licenciar en Derecho en su sucia celda de El Cairo; Nabil Nanakli Kasaybati está a la espera de que se ejecute la pena capital a la que ha sido condenado en Yemen. Los tres salieron de viaje, para regresar en unos días, y se tuvieron que quedar a malvivir en tres de las peores cárceles del mundo. Y así, hasta sumar 1.259 españoles. Sus familias no los olvidan. Ni otros samaritanos.
La historia más común tiene que ver con las drogas. Son esos ciudadanos que salen al mundo a abastecerse de droga barata. "La gente sale por ahí, muchas veces engañada, sin saber lo que les espera si les cogen", explica José Alarcón, coordinador del programa Españoles en el Mundo, de la Fundación Ramón Rubial, una de las pocas entidades que se baten el cobre para agilizar la vuelta a España de los presos que malviven repartidos por diversas cárceles en el extranjero.
El 73%, por drogas
Algo más del 73% de esos reclusos están entre rejas tras haber sido sorprendidos con un alijo de drogas entre sus pertenencias en países con legislaciones durísimas contra el narcotráfico. "La gente hace caso a informaciones falsas de que en el país al que se va la legislación es permisiva o incomprensiblemente acepta traerse maletas u otros bultos sin saber qué llevan", explica Alarcón. "Esos viajes se pueden convertir en una auténtica pesadilla porque los detenidos se ven sometidos en muchos países a condiciones de vida en las cárceles extremadamente duras", dijo Gonzalo Robles, delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, al presentar la última campaña de la Fundación para advertir a los incautos de los peligros del viaje.
Las consecuencias de esas peligrosas aventuras se pueden resumir así: 376 españoles cumplen condenas de más de 10 años, 222 de entre cinco y diez años y otros 380 están a la espera de que se les juzgue.
La campaña de la fundación española se inventa una agencia de viajes, Sinretorno Tours, que facilita "gratis para los españoles detenidos por drogas en el extranjero" estancias a perpetuidad en la cárcel de Bangkok "en celdas de 18 literas". No es una broma. La abuela Lola disfruta desde hace apenas un par de meses de una cama, a pesar de estar operada de la cadera; lleva seis años en Tijar Jail. Juan José González se turna con sus compañeros de celda para dormir en el espacio libre del suelo. "Estas personas sufren una notable indefensión por culpa de la diversidad cultural y del idioma, por el distinto valor que tiene la vida en otros países, y muchos están por cosas que le pueden pasar a cualquiera", asegura Jordi Pedret, diputado socialista por Barcelona.
Pedret acaba de presentar varias iniciativas parlamentarias para intentar aclarar la situación de estas personas y, sobre todo, qué hace el Gobierno español por ellos. "La oficinas consulares de España prestan una ayuda mensual consistente en la entrega de alimentos, medicinas, útiles de aseo, prendas de abrigo hasta un máximo de 100 dólares mensuales (19.000 pesetas) en aquellos países donde las condiciones sanitarias, higiénicas y alimenticias de sus centros penitenciarios son tales que estaría en peligro la supervivencia de los detenidos españoles en dichos centros de no proporcionárseles esta ayuda económica", admite el Ministerio de Asuntos Exteriores. "Yo quiero saber cuántos reciben ese dinero y cómo, pero el Gobierno no me lo ha aclarado y he pedido amparo al Congreso", dice Pedret.
Vistos como un negocio
Un reciente informe de la Asociación para la Ayuda a los Presos Españoles en el Extranjero (Apex) explica cuál es el peligro que corren estos reclusos: "En estos centros penitenciarios de países pobres, el recluso extranjero es visto como una fuente de ingresos (...) No es sólo que haya robos por parte de internos o funcionarios, es que por todo le intentarán cobrar una cantidad superior al precio real. En estas prisiones todo se puede conseguir si se tiene dinero, hasta alguna que otra salida a algún local de diversión". El Gobierno admite en una respuesta parlamentaria que sólo unos 420 internos reciben esa ayuda.
La asistencia consular a los presos, especialmente el régimen de visitas, está regulada por órdenes circulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, que dejan gran libertad de criterio al diplomático. La orden 3.106, por ejemplo, dice: "Los detenidos deben ser visitados tantas veces como su situación real lo haga necesario (...) en todo caso, deberá procurarse visitarlos como mínimo una vez al año". "¿Quién juzga si la situación real hace necesaria la visita?", se pregunta la Apex, fundada por abogados y periodistas en 1988. "Todo queda en manos del cónsul y nadie le regaña si no hace nada; los hay que se dedican a tope y otros que..., dependen de la suerte", contesta José Alarcón.
No todo es fatalidad. Los convenios internacionales y los bilaterales suscritos por España (posiblemente el país con más firmados) van dando sus frutos. Entre 1996 y el año pasado, 403 presos pudieron venir a España a cumplir su condena, según la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Quedan 1.259. Sus familias no los olvidan.
España no paga abogados
El Ministerio de Asuntos Exteriores reconoce que 'en ningún caso' ha pagado directamente a ningún abogado 'cantidad alguna en concepto de pago total o parcial de los honorarios de defensa de los españoles detenidos en el extranjero'. Así de claro ha respondido el Gobierno al diputado socialista Jordi Pedret. Ésa negativa en ningún caso es definitiva. Exteriores admite que 'con carácter excepcional' la Dirección General de Asuntos Consulares y Protección de Españoles en el Extranjero 'ha proporcionado ayuda económica a algún ciudadano español en el que concurrieran circunstancias extraordinaria para costear los honorarios de la defensa'. Es el caso de Joaquín José Martínez, sobre el que pesaba una pena de muerte en Estados Unidos, según la citada respuesta parlamentaria, publicada el pasado 22 de noviembre. El Ejecutivo explica que la mayoría de los presos españoles 'se ha acogido al sistema de justicia gratuita, similar al turno de oficio español' y quienes han renunciado a este beneficio han acudido a abogados contratados privadamente por lo que, dice Exteriores, 'asumen, lógicamente, la responsabilidad del pago de los honorarios'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de diciembre de 2001