Paralelamente al desarrollo de dos manifestaciones en Caracas, a favor o en contra del jefe de Gobierno, Hugo Chávez, el presidente de Fedecámaras (Federación de Cámaras de Venezuela), Pedro Carmona, organizadora del paro patronal del lunes, afirmó ayer que el objetivo de esa movilización no es el derrocamiento de Chávez sino un cambio de rumbo en su gobierno. "No es ésa nuestra intención, derrocarle, o una salida chilena", declaró Carmona a este periódico. La patronal agrupa a casi el 80% de los 10 millones de trabajadores y protesta contra 49 decretos ley que considera contrarios a la propiedad privada. "Si no hay una rectificación, puede haber la continuación de un clima de tensión", sostiene Carmona.
Las dos marchas hacia el Palacio de Gobierno -que en anteriores ocasiones acabaron a golpes y que ayer no llegaron a entrar en colisión al ser separadas por la policía- constituyeron los elementos más llamativos de una situación crecientemente crispada y definitivamente polarizada. Por un lado, el sector más pobre o ideologizado, electoralmente más numeroso en una nación con el 80% de sus habitantes en la indigencia. Por el otro, los empresarios, los medios de comunicación, la Iglesia, la clase media y alta, y la mayoría de los profesionales. Sin su concurso, Venezuela será difícilmente gobernable.
El economista Pedro Carmona, propietario de la productora de aceite Venoco, asumió la dirección de Fedecámaras este año y convocó a la movilización después de acusar al presidente de haber promulgado los decretos ley sin las debidas consultas. No descarta nuevas acciones si el paro del lunes, con pocos precedentes en la historia nacional, no logra "cambiar el rumbo que se le está dando al país, y las actitudes autoritarias y hegemónicas observadas en el Gobierno".
La detención, ayer, de Edith Urquiola de Mora, presidenta de la cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Barinas, población natal de Chávez, fue considerada "muy grave". Carmona calificó de "bajeza" las especulaciones promovidas desde el oficialismo sobre su supuesta complicidad con el ex presidente de Venezuela Carlos Andres Pérez para forzar el derribo de Chávez, que el 4 de febrero de 1992 lanzó un frustrado cuartelazo contra la presidencia del socialdemócrata, domiciliado fuera de Venezuela. "El país sabe bien que soy independiente y nunca serví de puente a ningún político", asegura Carmona.
Pregunta. Los paros empresariales de 1973 contra el socialista Salvador Allende, en Chile, facilitaron el golpe militar que lo derribó. ¿Puede ocurrir lo mismo en Venezuela?
Respuesta. No, definitivamente. No es nuestro propósito. Le aseguro que, si hay rectificación, le estaremos ayudando a consolidar el gobierno. Estamos convencidos de que hay un ambiente para que ello ocurra.
P. ¿Qué tipo de sociedad pretende construir Hugo Chávez?
R. Muchas de las leyes tienen un hilo conductor, que es una visión más estatista, más intervencionista, más controlista, más centralista y con algunos niveles de un gran dirigismo por parte del Estado.
P. ¿Una sociedad progresivamente comunista?
R. No digo eso, pero sí hay, además, limitaciones importantes a derechos fundamentales como el de la propiedad y, desde luego, vicios en la extemporánea promulgación de las leyes, falta de consulta, dentro de los 10 establecidos para ello por la ley Habilitante [que faculta al jefe de Gobierno a emitir leyes sin debate parlamentario] y usurpación de facultades, ya que se legisló sobre materias no autorizadas.
P. ¿Se ha respetado la Constitución?
R. Se transgreden algunos de sus principios. Todo esto bastaría para que este paquete legislativo fuera considerado, en su mayoría, nulo.
P. ¿No contribuye el paro a aumentar la imagen de inestabilidad en el país?
R. No. Por esta vía le damos oxígeno, más legitimidad democrática. No queremos que desestabilice.
P. ¿Hay elementos ideológicos en los decretos?
R. Tiene que haber un debate profundo sobre el rumbo, ideológico y político, que deriva de ese paquete de leyes. El país es de todos los venezolanos.
P. Pero, independientemente de contenido y actitudes, ¿ha cometido el presidente alguna ilegalidad?
R. Es que los procedimientos significan la violación de la propia ley Habilitante y, cuando se conculca el derecho, hay violación de la normativa jurídica.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de diciembre de 2001