La juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert procesó ayer a Iñaki Lizundia Álvarez, ex concejal de HB en Ortuella (Vizcaya), por intento de homicidio al haber disparado contra el gendarme que le perseguía en las cercanías de Auch, en el sur de Francia, donde fue detenido por la Gendarmería en la noche del miércoles al jueves pasado. Lizundia huía a pie tras abandonar a otros dos etarras en un coche que acababa de sufrir un accidente tras saltarse un control policial.
También se le imputan los cargos de asociación de malhechores con fines terrorista, robo de vehículo y tenencia ilegal de armas y documentos falsificados.
Los otros dos terroristas detenidos, Nerea Garaizar San Martín, que conducía el coche accidentado, y Gabriel Saez Totorikaguena han sido acusados también de todos esos últimos delitos, pero no del de homicidio, ya que no opusieron resistencia alguna a su detención. Los tres ingresaron anoche en prisión.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, anunció ayer que tiene intención de instar a la extradición de Saez Totorikaguena y de Lizundia, pero no de Garaizar, ya que no figura en causas abiertas en la Audiencia Nacional. Los dos primeros están procesados por su colaboración con el comando Vizcaya en 1999 y por pertenencia a banda armada y pasar información a ETA.
Sin embargo, Garaizar no está procesada, aunque los investigadores del Ministerio del Interior le atribuyen pertenencia al comando Zaragoza y al comando Galicia, y sus huellas fueron encontradas en un piso franco de ETA en Zaragoza.
Por otro lado, el fiscal solicita 156 años de prisión para José María Arregi Erostarbe, Fitti, por haber instruido a los integrantes del comando Argala o itinerante de ETA, integrado por los franceses Henri Parot, Jacques Esnal y Frederick Haramboure, que en 1986 colocaron un coche bomba en Barcelona, que hirió a cuatro guardias civiles y dos transeúntes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de diciembre de 2001