El Ministerio de Fomento ha propuesto a la Aseta (Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas) que las empresas que agrupa asuman la obligatoria subida del 9% en el precio de los peajes, de forma que este incremento no repercuta en los usuarios. A cambio, el Gobierno les ofrece una prolongación en los plazos de las respectivas concesiones. La subida del 9% del IVA es obligada tras la sentencia del Tribunal Europeo, que consideró ilegal la rebaja del 16% al 7% aplicada en 1997 a los peajes de las autopistas españolas a propuesta de CiU.
Pero el Gobierno del PP ha ido un poco más allá y ha sugerido a las concesionarias incluir en el mismo paquete el 9%, las partes atrasadas del IPC y el 7% que se aplica desde hace un año y con el que el Ejecutivo paga algunos peajes, por ejemplo el de la B-30 y las circunvalaciones de Tarragona y Girona.
La propuesta del Gobierno central afecta a todas las autopistas cuyas concesiones dependen de él, pero no a las que dependen de los gobiernos autónomos. En Cataluña, la medida afecta a la A-7 (desde la frontera francesa hasta Murcia) y a la A-2, que enlaza la A-7 al norte de Tarragona con Lleida y Zaragoza.
Un portavoz de la Aseta explicó ayer que la patronal está analizando las consecuencias de la propuesta porque 'no todas las concesiones tienen los mismos plazos'. Hay algunas, añadió, en las que están a punto de expirar, pero otras ni siquiera han empezado a operar y otras tienen la concesión por el máximo permitido, que son 75 años.
En Cataluña la situación es diferente. El Gobierno catalán no negocia con las concesionarias en bloque, sino con cada una de ellas, según un portavoz del Departamento de Política Territorial, que dirige Felip Puig.
La voluntad del Gobierno de Jordi Pujol es aprovechar la situación, evitar el aumento del 9% (que en las concesiones dependientes del Ejecutivo catalán sería del 13% por los IPC atrasados) y resolver algunos puntos concretos con fuerte oposición de los usuarios, como es el caso del peaje de Mollet, de ahí que se haya incluido su eliminación con fecha 1 de enero.
La supresión de este peaje fue acordada por el Parlament y aún no ha sido aplicada por el Gobierno catalán, que entiende que los diputados no le pusieron fecha a la norma, aunque la oposición considera que en estos casos el plazo máximo para el cumplimiento es de cuatro meses.
El ritmo de las reuniones es vertiginoso, porque la subida del IVA está prevista para el 1 de enero y todos creen que sería difícil subir la tarifa un día y bajarla al cabo de unas semanas, cuando se hubieran producido protestas populares alentadas por la Declaración de Gelida. Su portavoz, Jordi Carrillo, aseguró ayer que la organización está contra la subida y que la prolongación de las concesiones, si se produjera, no debería alterar el equilibrio financiero de la empresa. 'Si se suprime el peaje de Mollet, no sube el 9% y encima hay una rebaja y la prórroga es de un año, bien; pero si la prórroga es de 30 años, sería un nuevo abuso', dijo Carrillo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de diciembre de 2001