El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Enrique Beltrán, llamó ayer la atención en una circular a los titulares de los juzgados de guardia y de instrucción pidiéndoles mayor compromiso en las actuaciones referidas a casos de menores utilizados para la mendicidad en Valencia. Según Beltrán, 'en el último año se ha detectado la presencia de menores rumanos que practican la mendicidad o son inducidos a ello por adultos'. El Código Penal castiga con penas de seis meses a un año a quienes utilicen o presten menores o personas incapaces para la práctica de la mendicidad, incluso cuando ésta es encubierta.
La policía, que reconoce el problema, advierte también de una sutil diferencia: las mujeres rumanas que van acompañadas de bebés y piden por las calles de Valencia se libran de la acusación de utilizar a los pequeños por el simple hecho de que no tienen donde dejarlos.
'La práctica general de los juzgados de guardia', explica Beltrán, 'ha sido la de poner en libertad a los detenidos y no adoptar medidas de protección sobre los menores'. Beltrán recuerda que existe cobertura legal para ordenar la puesta a disposición de esos menores a la entidad pública de protección con suspensión de la patria potestad o guarda. Esa posibilidad está recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Civil y ampara situaciones en las que se aprecie un evidente riesgo de desprotección del menor.
El fiscal jefe no sólo advierte a los jueces sino también a las entidades protectoras de menores que en estos casos 'los han devuelto a sus padres o guardadores en cuanto se han presentado en el centro de Burjassot, volviendo a reproducirse la práctica delictiva'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de diciembre de 2001