El Gobierno francés entregará mañana a España al etarra Pedro María Leguina Aurre, Kepatxu, para que sea juzgado en la Audiencia Nacional por el asesinato de tres guardias civiles en Azkoitia (Guipúzcoa) el 28 de noviembre de 1979.
Kepatxu, que era miembro del comando Donosti antes de huir al extranjero, fue detenido el 31 de diciembre de 1999 en el aeropuerto Charles de Gaulle, de París, al bajar de un avión procedente de México.
España reclamó entonces su extradición por cuatro sumarios en los que se le acusa de 14 asesinatos, pero la Justicia francesa alegó que tres de las causas habían prescrito, es decir que ya no se podían juzgar los delitos debido al tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos. Francia sólo accedió a la entrega del terrorista por el ametrallamiento de los tres guardias civiles cuando se encontraban de paisano y fuera de servicio en el bar Izaro, en la localidad guipuzcoana de Azkoitia. En el atentado murieron los agentes Pedro Sánchez Marfil, Antonio Alés Martínez y Ángel García Pérez.
Primer juicio
Por otro lado, ayer se celebró en la Audiencia Nacional el primer juicio contra la dirigente etarra Carmen Guisasola, para la que el fiscal solicitó una pena de 22 años de prisión por su presunta participación en el ataque con granadas contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Algorta (Vizcaya) en 1986.
Guisasola, que está acusada de formar parte del comando Gorrotxategi, se negó a declarar ante el fiscal y ante su propio defensor. Alegó que el tribunal carece de 'legitimidad para juzgar a militantes vascos' y dijo que ella no tiene 'nada que ver con los hechos'.
El fiscal detalló las pruebas existentes contra Guisasola, entre ellas una huella dactilar descubierta en la estructura utilizada para fijar los lanzagranadas al coche que había sustraído, junto con otros miembros del comando. Las granadas alcanzaron la fachada de la casa cuartel y causó cuantiosos daños materiales.
También en la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón comunicó ayer a la etarra Mónica Martínez, entregada el lunes por Francia, los procesamientos en las dos causas que tiene pendientes en España, entre los que figura el asesinato, mediante una bomba lapa, del guardia civil Fernando Jiménez Pascual, perpetrado en 1994.
Garzón instó ayer al Gobierno a que solicite la extradición de Carlos Iñigo Blasco, detenido en Beziers (Francia) y que se encuentra procesado como presunto responsable de Ekin, organización considerada la codirección política del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco en España, aunque subordinada a la dirección de ETA.
Según documentos incautados a esa banda y citados por Garzón, a Ekin se le asignan funciones de cohesionar y dinamizar la izquierda abertzale, así como dirigir la kale borroka.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de diciembre de 2001