En su comparecencia anteayer en el Congreso para exponer los principales objetivos de la presidencia española de la Unión Europea (UE) durante el próximo semestre, Aznar dio como prácticamente segura la retirada del veto interpuesto por los ministros de Berlusconi -en el Consejo de Justicia e Interior celebrado en Bruselas la semana pasada- a la aprobación de la euroorden, respaldada por los otros 14 socios comunitarios. Dadas las íntimas relaciones políticas del presidente del Gobierno español con el primer ministro italiano, era evidente que la rectificación de Il Cavaliere se iba a producir mientras galopaba hacia la cumbre de Laeken, tal y como ayer constató en Roma el presidente de turno de la UE. Sólo queda por saber si el camino de Damasco de Berlusconi concluye con una monumental costalada o si sus colegas europeos le ayudan a descabalgar con la aceptación parcial de sus exigencias.
No será fácil, en cualquier caso, que se apaguen los ecos del formidable escándalo organizado hace una semana en Bruselas. La representación de Italia se sumó -faltaría más- a la definición consensuada de terrorismo y de grupo terrorista aprobada por los restantes miembros de la UE, así como a la fijación de las penas mínimas para los autores (15 años) y los colaboradores (8 años) de esos delitos: los países europeos (nueve carecen de esa figura penal) deberán incorporar a su ordenamiento con carácter vinculante la nueva regulación antes del 31 de diciembre de 2002. Los ministros de Berlusconi boicotearon, en cambio, la aprobación de la euroorden: esto es, la detención y entrega dentro del espacio judicial europeo -sin los trámites del antiguo proceso de extradición- por alguno de los delitos incluidos en un listado de 32 tipos penales. La representación italiana no sólo intentó reducir el alcance de la euroorden, limitándola a seis delitos (el terrorismo, entre otros) y suprimiendo los 26 restantes (con la corrupción y el fraude a la cabeza); también exigió el retraso de su entrada en vigor, fijada para el 1 de enero de 2004.
Terrorismo y corrupción no son crímenes lógicamente emparejados, si bien el blanqueo de dinero y las extorsiones les sirven de lazo de unión. A comienzos de los ochenta, un exiliado latinoamericano se encontró con un amigo recién llegado a Barajas que se precipitó a darle lo que consideraba una buena noticia: la inmimente promulgación de una amnistía que sólo excluiría de sus efectos a los terroristas y a los corruptos. El desolado expatriado, perseguido en su país por fraude y malversación de fondos públicos en su propio beneficio, contestó asombrado: '¿Quiénes van a regresar entonces? ¿Los turistas?'. Aunque Berlusconi no se sienta perseguido por la sombra errante de Caín, el fantasma de los delitos de cuello blanco -cuando era empresario- y de la colusión entre intereses públicos y privados -durante su etapa política- le escolta día y noche. La prescripción salvó a Il Cavaliere de cumplir tres condenas por corrupción, soborno y financiación ilegal pero tiene aún pendientes siete causas; la Fiscalía Anticorrupción española y el juez Garzón pidieron en su día la extradición -actualmente congelada- de Berlusconi por un fraude de 13.500 millones de pesetas.
Una veintena de diputados de Forza Italia -el partido de Berlusconi metido a empujones por Aznar en la familia popular europea y mundial- fueron condenados en su día: otros diez correligionarios suyos en el Parlamento están pendientes de juicio. ¿No resulta extraño que la inquisitorial saña empleada por Aznar para denunciar los casos de corrupción durante la etapa de gobierno socialista en España haya dejado pacíficamente paso a su amistoso padrinazgo de escándalos político-financieros en Italia considerablemente mayores? Pese a que la doctrina Arenas identifique maliciosamente a las naciones con sus Gobiernos, hasta el punto de considerar desleal a la patria al líder de la oposición parlamentaria que se atreva a viajar al exterior sin autorización del Ejecutivo, es Berlusconi, y no Italia, quien ha vetado la legislación penal y procesal de la UE contra la corrupción y el fraude con el exclusivo objetivo de proteger de los jueces a su persona y a su partido.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de diciembre de 2001