La jornada de protesta convocada por los empresarios venezolanos contra el presidente Hugo Chávez, a la que muy significativamente se ha sumado el sindicalismo no oficial, ha conseguido paralizar prácticamente el país. Dirigida contra un abultado paquete de decretos-ley aprobado el mes pasado, ha sido la mayor registrada contra el antiguo paracaidista desde su asunción al poder, hace casi tres años, y representa un serio aviso contra los métodos del líder venezolano.
Venezuela es un sistema democrático, con un Gobierno legítimo que ostenta la mayoría parlamentaria. Pero el presidente ha ido vaciando de contenido el reparto de poderes y llenado con sus seguidores cada institución del Estado, tribunales incluidos. El medio centener de decretos puesto en vigor es consecuencia de una ley que autoriza a Chávez a evitar el debate parlamentario para acelerar los cambios que persigue. De la misma manera que ha ignorado los llamamientos de la oposición y del sector privado para utilizar con moderación sus poderes, sus maneras se corresponden cada vez menos con un sistema representativo.
Las reglas del juego democratico exigen, entre otras cosas, respeto por los adversarios y diálogo sobre los proyectos que afectan a intereses ciudadanos vitales. Ni lo uno ni lo otro. En su viaje hacia un teórico proyecto revolucionario, el anacrónico Chávez se va alienando no sólo al mundo de los negocios, sino a las clases medias e incluso a muchos de los desheredados que contribuyeron decisivamente a catapultarlo a la victoria.
Los dirigentes empresariales han reiterado en la jornada de paro su voluntad de diálogo con el Ejecutivo, sobre todo a propósito de las dos leyes más controvertidas, la de la propiedad de la tierra y la de extracción petrolífera. Sus críticos temen de la primera excesivas prerrogativas gubernamentales y carencia de garantías, y de la segunda, que liquidará la inversión exterior en un sector crucial. El presidente responde, con lenguaje de barricadas, que les apretará las tuercas. Pese a sus carencias, Venezuela es un referente de estabilidad regional, además de un importante productor de crudo, y la agudización de la crisis sólo puede desembocar en su desestabilización, de consecuencias funestas para el propio país y su muy castigado entorno.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de diciembre de 2001