Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Piden acciones penales contra una diputada foral y un edil por la Variante Este

La Asociación de Familias de Otxarkoaga pidió ayer la apertura de una investigación penal contra una diputada foral vizcaína, un concejal de Bilbao, dos altos cargos y una funcionaria por el caso de la Variante Este, la autovía en la que han descubierto irregularidades urbanísticas. En el quinto pleito formulado por esta carretera, los vecinos estiman que la diputada de Medio Ambiente, María Esther Solabarrieta encubrió las presuntas ilegalidades con el estudio de impacto, al tiempo que acusan al concejal de Urbanismo, Ibon Areso, y al ex director del área, Mikel Ocio, de estar implicados en la falsificación de planos; al subdirector de Planificación de Obras de la Diputación, Carlos Estefanía, de aportar un plan general de Bilbao 'que no era el aprobado', y a la técnico Covadonga Ladrón de Guevara, de 'falsificación clara'.

Los vecinos presentaron ayer el escrito de conclusiones de su última demanda, presentada hace un año por la existencia de distintos planos oficiales sobre esta carretera y la constatación de que se produjo un cambiazo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bilbao para justificar la construcción de un vial inicialmente previsto como carretera con dos carriles y que se convirtió luego en autovía, en funcionamiento desde julio de 2000.

La cuestión radica en que el plan general de Bilbao contemplaba hasta principios de 1994 un proyecto diferente al que se ha ejecutado. En una fecha indeterminada se modificó el proyecto y el PGOU para ese área, pero este cambio se realizó (éste es el núcleo de la denuncia vecinal) sin el trámite de la exposición pública de los cambios. Ahora afirman que se realizó también sin ningún tipo de trámite urbanístico.

Hasta ahora la Diputación ha sostenido ante el juez que se cambiaron los planos por el 'interés general' de Bilbao y, al igual que el Ayuntamiento, ha señalado que eso sucedió en junio de 1994. Pero esta aseveración también es 'falsa', según los vecinos. Un escrito del concejal Ibon Areso de julio pasado, en respuesta al juez, indica que desconoce la fecha en que se tramitaron los planos que cambiaron la variante. 'En cuanto a las fechas de ejecución de los planos, no se está en condiciones de dar unas fechas con seguridad', señala. En cambio, la técnico Covadonga Ladrón de Guevara dijo al juez, en diciembre de 1998, que los planos cambiados fueron tramitados en junio de 1994.

Otro escrito remitido al juez el Ayuntamiento revela que carece de documentos internos que comunicaran los cambios urbanísticos para la nueva carretera. Los vecinos pidieron tres oficios sobre la introducción de los nuevos planos tanto a la oficina municipal del PGOU, al concejal de Urbanismo o al pleno del Ayuntamiento y, en la respuesta fechada en mayo pasado, la jefa de la subárea de Urbanismo dice que 'no existe constancia de la existencia de los oficios'.

'Han dicho al juez que no saben cuándo se cambiaron los planos y que no existe documentación urbanística del cambio', apuntan los vecinos. Ahora, tanto el Ayuntamiento como la Diputación vizcaína, que aparecen como codemandados en la denuncia, deberán aportar su escrito de conclusiones como paso previo a que el juez emita la sentencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de diciembre de 2001