Si la oposición mantiene su intención de no participar en el pleno del Parlamento vasco convocado para hoy, su presidente, Juan María Atutxa, se verá obligado a suspender la sesión por falta de quórum. Atutxa se había prestado a forzar el reglamento para evitar una segura derrota del Gobierno de Ibarretxe en la votación de los presupuestos de 2002. Se trató de algo más que una cacicada, pero la respuesta de socialistas y populares de boicotear la celebración del pleno, al tiempo que lo hace Batasuna, se convierte en una práctica cercana al filibusterismo.
La interpretación de Atutxa obligaría, contra lo que establece el reglamento y ha sido norma hasta ahora, a votar por separado las enmiendas a la totalidad del PSE, PP y Batasuna. El objetivo obvio era desactivar la coincidencia de socialistas y populares con el brazo político de ETA para derrotar los presupuestos del Gobierno. Gracias a esa triquiñuela reglamentaria, el Ejecutivo de Ibarretxe pretendía seguir la tramitación de su proyecto, pese a tener en contra a 39 de los 75 miembros del Parlamento.
Atutxa ha justificado su decisión por la conveniencia de 'aclarar' las motivaciones divergentes de los tres partidos, que sólo coinciden en su voluntad de 'derrotar' al Gobierno, objetivo lógico de cualquier grupo de oposición. Sin embargo, esa medida de clarificación oculta también que el Ejecutivo de Ibarretxe está en minoría en el Parlamento y pretende actuar como si tuviera mayoría absoluta. Ibarretxe prometió diálogo 'hasta el amanecer', pero no lo ha utilizado para buscar los apoyos parlamentarios que precisa. Y el Reglamento de la Cámara vasca es taxativo. Lo que se somete a votación tras el debate de las enmiendas de totalidad es 'la devolución o no del proyecto al Gobierno'. Y su sentido político es aclarar si la iniciativa gubernamental cuenta con el suficiente respaldo como para superar el posterior trámite parlamentario.
En ningún sitio está escrito que la oposición tenga que facilitar la labor del Ejecutivo. Pero más allá de cuestiones de reglamento, a los partidos democráticos vascos cabe exigirles lo que era un clamor en vísperas de las últimas elecciones: que se comprometan a hacer posible la gobernación de Euskadi sin contar con Batasuna a efectos de configurar mayorías parlamentarias. El reproche que los partidos constitucionalistas han lanzado tantas veces contra el PNV por utilizar en beneficio propio las ausencias o los votos de Batasuna puede volverse en su contra si llevan su rechazo a los presupuestos al extremo de boicotear el Parlamento. En una situación como la que vive Euskadi, el respeto a las instituciones es decisivo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de diciembre de 2001