La Fiscalía Anticorrupción ha admitido a trámite la denuncia que de forma personal presentó el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Fernando González, de Coalición Canaria, contra su antecesor en el cargo, Tomás Van de Walle, del Partido Popular, según informó ayer el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento canario, José Alcaraz.
La denuncia presentada en su día por González, sin conocimiento del presidente nacionalista Román Rodríguez, señala que el anterior consejero del PP pudo incurrir en los presuntos delitos de 'malversación de caudales públicos, infidelidad en la custodia de documentos, falsificación de documento público y defraudación'. La acusación se basa en un informe de la Consejería de Política Territorial que denunciaba un posible quebranto patrimonial a la comunidad autónoma de más de 24.000 millones de pesetas, aunque valoraciones posteriores han rebajado esta cifra hasta 8.728 millones.
El llamado caso Jinámar reúne un complejo entramado administrativo y político que ha enfrentado al Gobierno nacionalista actual con consejeros del PP del anterior Ejecutivo, a los ayuntamientos de Telde y Las Palmas -ambos con terrenos en el Parque Marítimo de Jinámar- y a los grupos parlamentarios socialista, popular y de Coalición Canaria. En el centro de la polémica está la cesión en enero de este año de dos parcelas de 300.000 metros cuadrados de propiedad pública sin uso comercial a Promociones Horneras para la construcción de un hipermercado.
El Parlamento de Canarias decidirá el miércoles si aprueba una comisión de investigación sobre este caso, a lo que se opone la mayoría formada por CC y PP.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de diciembre de 2001