El caso de una empresa de La Vega Baja que estaba autorizada a realizar vertidos al Segura pagando un canon de sólo 1.500 pesetas al año ha motivado una petición judicial de Pro-Río para que se investigue y determine la responsabilidad de la Confederación del Segura.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de diciembre de 2001