Que el aumento de demanda colapse el suministro de energía eléctrica en un país desarrollado, cuando más se necesita, es sorprendente. Disponer de calefacción a condición de que las temperaturas no bajen de cero grados o poder ver la televisión cuando la mayoría de los ciudadanos duermen es un contrasentido. Sin embargo, los apagones sufridos el pasado fin de semana en Cataluña y el lunes en Madrid y Valencia dibujan una realidad paradójica del sector eléctrico que ha hecho encender todas las alarmas en el sector y en un Gobierno que desde hace cinco años ha hecho de dos términos rimbombantes y vagos, "liberalización" y "competencia", su bandera en el sector energético.
El lunes estaban fuera de servicio 10.000 megavatios hidráulicos, 2.000 eólicos y 4.000 térmicos
Las cuatro grandes compañías del sector ganarán este año más de 400.000 millones
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Ahora que emergen los problemas se multiplican también las preguntas sobre el destino de partidas aprobadas para las empresas como los famosos Costes de Transición a la Competencia (1,6 billones a cobrar hasta 2010, de los cuales las empresas han ingresado ya un tercio) o la garantía de potencia (570.000 millones pagados por los usuarios desde 1998), un porcentaje de la factura que teóricamente se satisface para asegurar que no habrá apagones.
¿Qué ha sucedido este mes (y el pasado verano) para que los usuarios de amplias zonas del país no pudieran hacer uso de un servicio esencial que prestan empresas privadas? Según los expertos, una mezcla de circunstancias. La lista es larga: una espectacular subida de la demanda, que el día 17 batió todos los récords y se situó en 35.500 megavatios; condiciones meteorológicas adversas, con un frío siberiano que disparó el uso de las calefacciones; una red de distribución y transporte de energía eléctrica obsoleta que no recibe todas las inversiones necesarias para su mantenimiento; paradas forzadas en algunas centrales eléctricas; y carencia de la materia prima más barata, el agua de lluvia, escasa durante este otoño.
Según fuentes de las empresas, el lunes día 17 estaban fuera de servicio 10.000 megavatios hidráulicos, 2.000 eólicos y 4.000 de centrales térmicas. Todos los ingredientes mencionados, mezclados, hicieron explotar el cóctel a las 18.45 del lunes, cuando Red Eléctrica, la empresa propietaria de la red de alta tensión (19.000 kilómetros de red de muy alta tensión y 131 subestaciones) dio orden a Unión Fenosa e Iberdrola de cortar suministro en Madrid (300 megavatios) y Valencia (200 megavatios) para evitar un derrumbe de todo el sistema eléctrico peninsular. Red Eléctrica, ante la imposibilidad de hacer frente a una subida espectacular de la demanda en la hora punta (19.00 horas), tuvo que elegir entre distribuir menos energía donde la caldera de la demanda más bullía o arriesgarse al gran apagón: una caída de tensión generalizada.
Unión Fenosa e Iberdrola, pero sobre todo la primera, atendieron la recomendación de Red Eléctrica aplicando cortes, en primer lugar, a aquellos que pagan menos en la factura por correr el riesgo de quedarse sin luz en momentos concretos. Son los grandes consumidores industriales, acogidos a la tarifa denominada interrumpible, que según la asociación de las empresas eléctricas, Unesa, es un 60% más barata que la del resto de usuarios y que ha beneficiado a las empresas durante años. El recurso a los cortes para clientes interrumpibles, según el vicepresidente de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica, Javier Penacho, se está produciendo desde el mes de octubre, está causando perjuicios graves a centenares de empresas en más de seis comunidades autónomas.
La gran pregunta es ¿Falta electricidad en España? La Comisión Nacional de la Energía (CNE) la contestó en un informe remitido al Gobierno la pasada semana: según la CNE, sólo faltaría energía si se diera un cúmulo de circunstancias negativas que estrecharan el margen entre la potencia teórica instalada (unos 52.000 megavatios) y la demanda real (35.500 megavatios como pico). Pues bien, esas circunstancias negativas se han dado.
Es ahora cuando destacan los datos que revelan las carencias del sistema. El negocio eléctrico supone anualmente más de dos billones de pesetas para las compañías que dominan el sector en España (este año esperan unos beneficios netos de más de 400.000 millones) y que son sólo cuatro: Endesa, Iberdrola (entre ambas controlan más del 80% de la producción), Unión Fenosa e Hidrocantábrico. Desde 1996, las grandes promesas de más competencia en el sector no se han traducido en la entrada de nuevos productores, más allá de la participación de Electricidade de Portugal y Electricité de France en Hidrocantábrico y la compra de Viesgo, propiedad de Endesa, por la italiana Enel.
En contraste con la ausencia de competencia en España (una isla energética, sin apenas interconexiones con Francia y Portugal), las grandes empresas se han volcado en inversiones en el exterior (más de 1,5 billones de pesetas) y en diversificación. Según Unesa, desde 1996, las cuatro eléctricas han invertido en España en producción y generación más de un billón de pesetas. Pero el dinero se ha ido en mantenimiento y en lo que se denomina repowering nuclear (dotar de más potencia a las nucleares). En esos años no se ha construido ninguna nueva central eléctrica. Los proyectos para construir nuevas centrales de gas aún estan sobre el papel (hay proyectos para construir 30.000 megavatios en los próximos años).
En cualquier caso, y para asegurar el suministro, la Comisión de la Energía ha hecho saber al sector que será necesario invertir en infraestructuras de gas en el periodo 2001-2005, 250.000 millones de pesetas y otros 277.000 millones en infraestructuras de transporte de electricidad.
Sólo así se podrá atender el crecimiento de la demanda eléctrica, que en los últimos años ha estado por encima del 5% y para la que se aventura un pico en el invierno del año 2005 de 41.400 megavatios, 6.000 megavatios por encima del máximo registrado el pasado 17 de diciembre.
Para completar el cuadro, el mismo día en que las luces se apagaban en Madrid y en una zona de Valencia, el Gobierno hacía llegar a la Comisión de la Energía el borrador de decreto de tarifas para 2002 con una propuesta que no dejará satisfechos ni a las empresas ni a los usuarios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de diciembre de 2001