El Parlamento francés aprobó ayer definitivamente la ley 'de la modernización social', que incluye medidas disuasorias contra los despidos por razones económicas. De nada ha valido la apelación de 56 empresarios a reconsiderarlo, entre ellos el presidente de Crédit Lyonnais, Jean Peyrelevade, o el del grupo Suez-Lyonnaise, Serge Weinberg. El procedimiento previsto reglamenta estrictamente los planes de reestructuración y pretende alargar su gestión de tres a ocho semanas, según el Gobierno, mientras la patronal calcula que exigirá por lo menos 100 días.
Estas disposiciones, aprobadas con el voto conjunto de socialistas y comunistas, fueron tramitadas como reacción al anuncio de planes de reestructuración por parte de Marks & Spencer y Danone, y para desalentar a otros empresarios tentados a imitarlos.
El comité de empresa tendrá derecho a ser consultado dos veces y podrá asesorarse con terceros para oponerse a los planes de la dirección. Se prohíben planes de reestructuración a las empresas que no se hayan comprometido a implantar la jornada de 35 horas semanales; se duplica la indemnización mínima por despido (más baja en Francia que en España) y se obliga a las firmas de más de 1.000 trabajadores a contribuir a la reindustrialización de la zona afectada por sus recortes de empleo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de diciembre de 2001