En medio del caos que vivió ayer Argentina, el Congreso empezó a discutir el proyecto de presupuesto para 2002 que acaba de remitir el Gobierno y que contempla un recorte en el gasto público de hasta 6.000 millones de pesos (1,1 billones de pesetas), muy superior a los 4.000 millones de los que habló el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Mientras tanto, la sensación de desamparo en la que viven los argentinos es cada vez más generalizada.
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Las farmacias de todo el país han dejado de suministrar medicinas a los afiliados al plan médico estatal de los jubilados para protestar por la deuda gubernamental, lo que afecta a cuatro millones de usuarios. En las oficinas bancarias siguen las colas de ciudadanos que tratan de abrir una cuenta tras las recientes medidas de bancarización.
Mientras tanto, el Congreso alteró su vida parlamentaria por el desarrollo de los acontecimientos. Lo que ayer era la prioridad número uno (aprobación del presupuesto) quedó aparcado para dar paso a la ofensiva de la oposición contra el Gobierno.
Por la mañana, la presentación de un informe sobre la democracia y la gobernabilidad en Argentina elaborado por la ONU pareció servir para dar el primer empujón a un proceso de consenso entre los distintos sectores de la sociedad argentina, en el que ha estado trabajando silenciosamente las últimas semanas la oficina de Naciones Unidas en Buenos Aires y la Iglesia católica. En la sede de Cáritas y en presencia del presidente Fernando de la Rúa y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, destacados dirigentes del ámbito político, empresarial, sindical, de la sociedad civil y de la Iglesia discutieron por primera vez de cuestiones que van más allá de la coyuntura, como el modelo del Estado y las necesarias reformas para encarar el crecimiento económico sin exclusión social.
Empresarios como el presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, políticos como el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos, Aníbal Ibarra y el senador peronista Eduardo Duhalde, sindicalistas como Eduardo Daer y Hugo Moyano, y representantes de varias ONG y de la jerarquía eclesiástica se sentaron en la misma mesa.
Eran unos 30 representantes de diversos ámbitos de la sociedad. Todo un desafío que, lamentablemente, pareció demasiado tarde. De momento, los acontecimientos violentos en la calle se han llevado por delante los buenos propósitos de quienes apuestan por un diálogo de amplias proporciones y miras. Hoy se impone poner orden y garantizar la seguridad de los argentinos.
Por primera vez en los dos años de Gobierno de Fernando de la Rúa los habitantes de Buenos Aires sintieron ayer el pánico en carne propia. Lo vivieron en pleno centro de la capital argentina, donde se produjeron escenas insólitas como el cierre masivo de establecimientos comerciales ante rumores de la llegada de hordas de saqueadores, gente que huía despavorida por la calle sin saber exactamente de qué, o vehículos policiales que circulaban por la calle Corrientes con agentes que se desgañitaban pidiendo el cierre de los comercios. El elegante barrio de la Recoleta tenía un aspecto insólito con la paralización de la actividad comercial.
Los saqueos a comercios empezaron el jueves de la semana pasada en las provincias, concretamente en la localidad de Guaymallén (Mendoza), escenario de los graves incidentes de similares características de fines de mayo de 1989.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de diciembre de 2001