El alcalde de Barcelona, Joan Clos, recibió ayer algo más que una felicitación de Navidad. El Síndic de Greuges le remitió dos textos, ambos críticos respecto a actuaciones municipales. El primero censura el modo en que el consistorio procedió a cerrar los urinarios de la plaza de Urquinaona. El segundo reclama unas tarifas transparentes en los aparcamientos públicos, aunque sean explotados por la iniciativa privada, como es el caso del que hay en la plaza del Guinardó.
La historia del cierre de los urinarios es sencilla: la concesión se hace en 1986 por cuatro años. Cuando termina, con los Juegos Olímpicos cerca, el propio Ayuntamiento pide al concesionario que siga con el servicio. En 1999, sin previo aviso, los cierra y, además, no ha devuelto el depósito hecho por la persona que los explotaba: 52.500 pesetas.
Lo del aparcamiento es muy diferente: a un usuario que tenía una plaza alquilada le subieron la tarifa de forma que, opinó, era desmesurada. Reclamó y vio que no había tarifas establecidas. El Síndic cree que esto es irregular y reclama al municipio, propietario último del aparcamiento, que se ocupe de que haya claridad y, en caso de duda, que se apliquen las tarifas de la empresa municipal de aparcamientos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de diciembre de 2001