El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, logró ayer salvaguardar al servicio secreto del grave deterioro que sufren las relaciones entre el Gobierno y el PSOE. Los dos anteproyectos que regulan el CNI y el control judicial previo de sus escuchas y entradas en domicilio recibieron el apoyo del PP, PSOE, CiU y Coalición Canaria. Por 283 votos frente a 23 fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad de Izquierda Unida, PNV y Grupo Mixto (Bloque Nacionalista Galego, Iniciativa per Catalunya, Eusko Alkartasuna y Esquerrra Republicana de Catalunya).
Pese a reconocer la existencia de un 'consenso básico' sobre los dos textos, el socialista Jordi Marsal los calificó de 'mejorables' y advirtió al Gobierno de que no cuenta con un 'un cheque en blanco' por lo que deberá seguir negociando las enmiendas parciales en febrero, tras las vacaciones parlamentarias.
En la misma línea, Luis Mardones, de Coalición Canaria, dijo que el nuevo marco legal tiene muchas 'deficiencias' y debe ser 'corregido sensible y profundamente' durante su tramitación.
Fue, sin embargo,Josep Maldonado, de CiU, el único que, apoyando los dos anteproyectos, adelantó una enmienda concreta, según la cual el CNI 'deberá informar a los miembros del Consejo de Gobierno de las comunidades autónomas bajo cuya dependencia actúen las policías autonómicas sobre aquellas actuaciones relacionadas con el ejercicio de las funciones de las mencionadas policías en su respectivo ámbito territorial'.
Un alto cargo de Defensa, que ya conocía la enmienda, admitió la posibilidad de que el CNI informe a los gobiernos autonómicos, pero se mostró partidario de que sean los presidentes y no los consejeros de Interior quienes reciban la información.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de diciembre de 2001