Ya hace unos cuantos años que se realizó la mayoría de privatizaciones de los poderosos mono-polios estatales con la excusa de facilitar la entrada de nuevas empresas que facilitaran la competencia y así redundar en una mejora de los servicios e incluso una posible bajada de los precios. Hasta ahí, la teoría.
En la práctica, el mecanismo de privatización ha consistido exclusivamente en una cesión poco o nada transparente de dichos monopolios a personajes fieles a los políticos de turno para, mediante oscuros acuerdos, favorecer sus no menos oscuros intereses (¿económicos?).
La Administración, cuya obligación es defender los intereses de sus administrados, se convierte así en cómplice y rehén de sus propios acuerdos defendiendo hasta el ridículo los intereses de dichos monopolios y rindiéndoles un patético vasallaje.
El caso de Fecsa-Endesa resulta más grave si cabe, ya que, aun tratándose de un absoluto monopolio, se le regaló ¡un billón! de pesetas para suplir los costes del tránsito a la competencia. Y no piensen que la Administración se resistió a pagarlo, no. Defendió el pago del diezmo con uñas y dientes, igual que si se tratase de un cobro. Igual que si tuviese algo que ganar.
Para redondear la cuestión, de vez en cuando estos monopolios se permiten hasta burlarse de la Administración y de sus administrados, haciendo gala y ostentación de lo poderosos que son, como ha ocurrido recientemente con las bravuconas declaraciones del señor Rafael Miranda.
Cuando los ciudadanos no estamos contentos ni con el servicio ni con el trato de la compañía de agua (SGAB), gas (Gas Natural) o electricidad (Fecsa-Endesa), ¿a quién debemos acudir?, ¿dónde está la tan cacareada competencia?, ¿cuánto tiempo seguirán mandando los de siempre?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de diciembre de 2001