La acampada estudiantil contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que realiza casi un centenar de universitarios a las mismas puertas del Ayuntamiento de Sevilla cumplió ayer su tercera jornada. Y eso que sobre este campamento pesa una virtual orden de desalojo que ninguna de las instituciones competentes, el Ayuntamiento de Sevilla y la Delegación del Gobierno en Andalucía, se atreven a ejecutar por el daño a su imagen que provocaría esta actuación policial, situación que ha provocado un nuevo enfrentamiento entre ambas instituciones.
La parte socialista del equipo de gobierno de Sevilla alega que no autorizó la acampada y que el desalojo de ésta, al estar situada en la calle, es competencia del Cuerpo Nacional de Policía. Por su parte, la Delegación del Gobierno asegura que no autorizó esta acampada, 'que sí contó con el inicial consentimiento del gobierno municipal', y le recuerda al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín que, según lo establecido en la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Ayuntamiento 'tiene la posibilidad de recuperar por sí mismo, en cualquier momento, las tenencias de sus bienes de dominio público'.
El portavoz municipal del PP, Jaime Raynaud, por su parte, presentó ayer un escrito que hizo llegar el delegado del Gobierno, José Torres Hurtado, al alcalde de Sevilla en el que le solicita 'confirmación por escrito' de la solicitud verbal de auxilio realizada a la Jefatura Superior de Policía para el levantamiento de la acampada el pasado jueves. 'Queda absolutamente claro que la responsabilidad de la ocupación es del alcalde y del equipo de Gobierno', afirmó Raynaud, que instó al alcalde a que no desvíe la responsabilidad a terceros 'para que le saquen las castañas del fuego'.
Que actúe o 'se calle'
Por su parte, el alcalde de Sevilla reiteró ayer que desde el Ayuntamiento 'nadie ha pedido nada a la Delegación del Gobierno' en relación a que mandase refuerzos para un posible desalojo de los estudiantes e insistió en que él no puede hacer nada porque no entra en sus competencias actuar en la vía pública. Sánchez Monteseirín instó de nuevo al delegado del Gobierno 'a que asuma sus responsabilidades' si cree que se está vulnerando alguna ley o alterando el orden público o a 'que se calle' si no cree que se esté cometiendo ninguna infracción.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de diciembre de 2001