En 1986 la Ley General de Sanidad proponía la integración de todas las estructuras sanitarias, entre ellas la sanidad penitenciaria, en un único sistema nacional de salud. Tras 15 años, la atención sanitaria en las prisiones sigue siendo el único reducto que no se ha integrado en el sistema público de protección de la salud. A partir del 1 de enero de 2002 se iniciarán las transferencias de la sanidad penitenciaria a los diversos sistemas de salud de las comunidades autónomas, en nuestro caso a la Generalitat Valenciana. Como profesional de la salud del medio penitenciario, me gustaría expresar que, debido a este aislamiento y desconexión con el sistema público hay dificultades para que los tratamientos antirretrovirales se apliquen con normalidad a los internos e internas afectados por el VIH/sida; se impide la prescripción de preparados comerciales o se dilata el acceso a nuevos fármacos; incluso en algunos centros no se llegan a entregar antibióticos pautados por los facultativos.
Los enfermos y enfermas de nuestras prisiones no pueden recibir un control adecuado por la tardanza en la recepción de las pruebas analíticas y existe una falta de agilidad, cuando no imposibilidad, en la realización de pruebas complementarias (no hay personal capacitado para la realización e interpretación de radiografías en los centros); pese a estar asegurada la atención primaria, no existen facultativos especialistas de medicina interna, de psiquiatría, de odontología, de ginecología, de pediatría... incorporados a la plantilla de profesionales (se contratan de manera privada y hay épocas en las que no se dispone de ellos). Como consecuencia se saturan las consultas externas de los hospitales de referencia con largas listas de espera; los internos e internas que eran seguidos en otros hospitales en libertad se ven forzados a ser atendidos por los de referencia.
Es necesario que la Generalitat, junto a la oposición y los agentes sociales, hagan el esfuerzo y lleguen al consenso necesario para que los recursos sociosanitarios públicos lleguen con normalidad a uno de los colectivos que más necesitado está de los mismos y se corrija de una vez por todas esta clara desigualdad en salud anacrónica en un país desarrollado en el siglo XXI. ¿Lo conseguiremos en este nuevo 2002 o tendremos que esperar otros 15 años?-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de diciembre de 2001