El presidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez (de Coalición Canaria), apeló ayer a la "inteligencia política" de José María Aznar para que les sea facilitada "la máxima información" sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas a la compañía Repsol YPF, a 300 metros de profundidad, en nueve puntos que bordean las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Rodríguez insistió en su deseo de que el Gobierno no se cierre al diálogo con Marruecos, para no agravar con las prospecciones de Repsol la crisis diplomática.
Román Rodríguez hizo recaer toda la responsabilidad política y jurídica de esta autorización en el Ejecutivo central. Sin embargo, reconoció que este hecho suponía "una magnífica oportunidad" para delimitar "de forma inequívoca" la zona económica exclusiva de Canarias y trazar definitivamente la mediana con los Gobiernos de Portugal y Marruecos a fine de "zanjar de manera estable" la situación territorial canaria.
El presidente autónomo añadió que el Gobierno canario es "el más interesado" en una "normalización" de las relaciones entre España y Marruecos "como base para políticas estables de cooperación".
Tanto el presidente como los consejeros de Industria, Julio Bonis, y Turismo, Juan Carlos Becerra, han manifestado que el aspecto que más preocupa al Gobierno canario es el impacto ambiental y el efecto de estas prospecciones en la industria turística, que aporta más del 70% del PIB insular. En este sentido, el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF/Adena en las islas ha adelantado el inicio de una campaña internacional contra las prospecciones.
Esta línea fue seguida ayer por el pleno del Cabildo Insular de Lanzarote, que rechazó (con los votos del PSC, PIL y CC) la instalación de plataformas petrolíferas a menos de nueve kilómetros de la Reserva Unesco de la Biosfera.
El presidente del Cabildo, el socialista Enrique Pérez Parrilla, reconoció que ha existido "cierto sigilo" por parte del Gobierno de Aznar "durante la tramitación de todo el expediente" hasta "el sopetón del Consejo de Ministros" que daba vía libre a los estudios de la multinacional petrolera. A su juicio, las explotaciones sólo beneficiarán a Repsol y perjudicarán "seriamente a la pesca, el medio ambiente y el turismo" de las islas.
El pasado 15 de octubre, la directora general de Política Energética y Minas, Carmen Becerril, remitió una carta a Pérez Parrilla en la que aseguraba que la solicitud de prospecciones de Repsol no recibió ninguna alegación durante los dos meses de información pública del expediente.
La carta aclara que los permisos de investigación por seis años que el Consejo de Ministros concedió el pasado viernes a la división de Investigación de Repsol autorizan a la petrolera únicamente a "realizar en exclusiva actividades de investigación de hidrocarburos" y no a la extracción en sí.
Así, se detalla que "durante los dos primeros años está prevista la adquisición de sísmica 2D y 3D, el reprocesado e interpretación de los datos sísmicos adquiridos, la integración de estos datos con los ya existentes y la realización de estudios geoquímicos y sísmico-estratográficos".
Sólo en los cuatro años restantes el programa contempla "la perforación de dos pozos de exploración, cuyas características se definirán de acuerdo con los resultados de los estudios previos realizados". Becerril reconoce que el Ministerio de Economía "comparte la preocupación por la evaluación de los riesgos y consecuencias que se deriven de la realización de futuras actividades".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 30 de diciembre de 2001