El Gobierno vasco no convocará más concursos de traslados para cubrir vacantes dentro de su Administración general hasta que no se resuelva el de 1998, que quedó invalidado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia al declarar ilegal la comisión que se encargó de juzgar los méritos de los 1.110 funcionarios que participaron en este proceso. El propio Ejecutivo fue el que nombró a los miembros de esta comisión sin tener en cuenta las características que debían reunir, especificadas en la ley.
En una respuesta parlamentaria a una pregunta del PP, el Ejecutivo señala que la tramitación del concurso de traslados convocado en el año 2000 proseguirá en cuanto tenga certeza 'razonable' de los puestos de trabajo que puede ofertar. El problema suscitado es que mientras no se aclaren de forma definitiva los traslados de 1998, no es posible establecer qué plazas se pueden incluir en el concurso de 2000 ni cuáles pueden sacarse a concurso a la Oferta Pública de Eempleo (OPE), cuyos exámenes se han celebrado a lo largo del año pasado y de éste.
En su respuesta al PP, el Ejecutivo trata de minimizar los efectos sobre la OPE. 'Su incidencia se limita a la determinación de los puestos de trabajo entre los cuales pueden elegir los aprobados'. En el supuesto de que alguno de los funcionarios que obtuvo destino en el concurso de 1998 se quede sin él tras la revisión del procedimiento, el Gobierno garantiza a estos trabajadores que se quedarán con la plaza que ocupaban en propiedad en el momento en que optaron por concursar. Para el Gobierno, los perjuicios ocasionados a los trabajadores se deben a la decisión judicial y no a su actuación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 30 de diciembre de 2001