La Declaración de Gelida se levantó en armas ayer en respuesta a la subida de los peajes. La plataforma, que agrupa a más de cien municipios y entidades y promueve la reforma global del modelo de peajes, decidió exigir a las administraciones que tramiten la anulación de los convenios que prorrogaban las concesiones de las autopistas ya que han supuesto tales beneficios para las empresas que han roto el equilibrio económico-financiero. Como ejemplo pusieron a ACESA: la rebaja de tarifas ha comportado incrementos de tráfico y por ello ha ingresado 28.000 millones más de lo previsto en tres años.
La plataforma ha decidido también denunciar ante la Comisión Europea el modelo español de peajes por la discriminación que supone la existencia de gravámenes frente a países que no los tienen, y además afirma que se trata 'de un modelo que resulta especialmente gravoso para Cataluña'.
Las pitadas de protesta volverán dentro de poco, y con carácter indefinido. La organización busca con ello convencer a los gobiernos (central y autónomo) y a las empresas de la necesidad de ceder parte de sus enormes beneficios. En el mismo sentido, enviarán al director general de La Caixa, Isidre Fainé, cartas para exigir que la entidad, principal accionista de ACESA, intervenga en ello.
El dirigente de IC-V Joan Saura ha pedido que comparezca en el Congreso el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, para dar explicaciones sobre la subida.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de enero de 2002