El British Council ha presentado una querella criminal contra el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, dos funcionarios municipales y el consejo de administración del Club de Inversores por supuestos delitos urbanístico, de prevaricación y de falsedad, derivados de la concesión de permisos y licencias para la construcción de un edificio en el que la institución académica británica tenía previsto abrir un colegio. El British presentó la querella en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante, cuyo titular no la ha admitido a trámite por considerar que esta vía judicial es 'prematura' al estar pendiente de resolución un recurso contencioso-administrativo. No obstante, los denunciantes consideran que ambas vías son independientes y han recurrido la decisión del juez a la Audiencia de Alicante.
El frustrado proceso para abrir un colegio del British Council en Alicante se remonta a mayo de 1997. Entonces el colegio británico firmó un acuerdo con el Club de Inversores (ente que aglutina a 65 destacados grupos empresariales de la provincia) para construir el centro, que cedería, en régimen de alquiler, al British Council.
El centro tenía que abrir sus puertas en septiembre de 2000, pero permance cerrado. El inmuble se construyó aunque, según el British, no se ajusta a lo acordado. Las partes denunciaron el contrato y han acudido al Arbitraje de Derecho, que todavía no ha emitido un veredicto.
Aparte de la vía del arbitraje, el British también presentó un recurso contencioso contra el Ayuntamiento por enteder que se habían producido irregularidades en la concesión de licencias.Ahora, los responsables del British sostienen que 'las irregularidades' son también susceptibles de ser perseguidas por la vía penal. De ahí, que haya presentado la querella contra el alcalde, por conceder 'las licencias ilegales', así como contra el jefe del departamento de discplina urbanística del Ayuntamiento y el jefe del parque de bomberos 'por falsear informes' sobre el estado y seguridad de las obras. El British imputa a los dirigentes del Club de Inversores un delito de inducción a la prevaricación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de enero de 2002