La manipulación informativa de Canal 9 y de Ràdio 9, las denuncias de enchufismo, el provincialismo recalcitrante y la pésima gestión de las empresas de Radio Televisión Valenciana SA se han convertido en una especie de himno permanente de la gestión del Gobierno de Eduardo Zaplana.
No sólo se ha denunciado su lamentable dejadez desde la oposición, desde los comités de Empresa y de Redacción, desde las Cortes y el Consejo de Administración sino que nuevamente ha sido la Sindicatura de Cuentas la que ha reclamado un plan de viabilidad para Canal 9, dado su alocado ritmo de endeudamiento. Y esta reclamación del órgano que controla las cuentas de la Generalitat es muy grave; gravísima.
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La deuda generada por el PP en la televisión y en la radio autonómica supera los 50.000 millones de pesetas. Sólo en 2000 se incrementó en 19.000 millones y no crean ustedes que el recurso al crédito fue para realizar inversiones de futuro. No. La pólvora del rey se quemó pagando a los amigos de Zaplana que no quieren en las televisiones de Madrid, sufragando programas que flotan en la indecencia y espacios a los que la audiencia valenciana da la espalda semana tras semana con humillantes cuotas de pantalla que oscilan entre el cero y el tres por ciento.
La situación de la primera empresa audiovisual de la Comunidad es estremecedora y desde el Consejo de Administración los miembros del PSPV-PSOE trabajamos por la pluralidad informativa, por la generalización del valenciano en la programación, por la transparencia y la mejora de la gestión propias de una empresa pública pero chocamos con el oscurantismo y con el silencio preocupante. La misma Sindicatura de Cuentas ha denunciado que los gastos del personal de Canal 9 han superado en un 67% los inicialmente presupuestados y que se firman contratos con productoras antes de la confección de los presupuestos, sin comprobar siquiera la existencia de crédito (de dinero) para pagarlos. ¿Qué empresario admitiría tan desastroso descontrol?, ¿en manos de quién está nuestra televisión? ¿qué quieren realmente estos dilapidadores dirigidos por Zaplana?.
Realmente estremecedor. Pero el asunto adquiere dimensiones que atentan incluso contra la Constitución porque con estos ejemplos de mala gestión y con las reiteradas denuncias del comité de redacción por la manipulación informativa se está vulnerando el artículo 20 de la Carta Magna donde se explica muy claramente que la libertad de expresión no es sólo el derecho de los directores de los medios a difundir sus opiniones sino el derecho de los ciudadanos a una información veraz, libre, plural y respetuosa con las minorías. Y eso señores del PP, ustedes no lo respetan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de enero de 2002