Isabel García Marcos llegó al PSOE de Marbella en 1991 como independiente sin experiencia política. Nacida en Salamanca y médico de profesión, se dedicaba a la gestión hospitalaria. La llamaron dos meses antes de unas municipales que sabía perdidas. Trabajadora, independiente y sin pelos en la lengua, ha sido un personaje tan incómodo para el alcalde Jesús Gil como en ocasiones para su propio partido.
Pregunta. ¿Qué opina del archivo del caso del robo de sumarios?
Respuesta. La justicia sabe lo que ocurre en Marbella, y creo que no sólo ha sido pasiva o connivente en el caso de Gil, sino que a veces tiene actividad encubridora. No puedo calificar de otra manera el que una juez diga que se está planteando archivar sin llegar a una conclusión la desaparición de más de 50.000 documentos.
P. ¿Cómo califica la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en este asunto?
R. El problema no se ciñe sólo al Consejo. Hay varias instituciones del Estado que han actuado de una forma similar. Utilizan la burocracia judicial como instrumento para no llegar al fondo de las cosas. Se pasan la pelota unos a otros: de pronto aparece el fiscal general del Estado y dice que no investigue Anticorrupción, pero cuando le pides que actúe con los fiscales de la Audiencia Provincial dice que no puede meterse.
P. Al principio parecía que el robo iba a provocar una limpieza de los Juzgados de Marbella.
R. Es verdad, pero está claro que no es así, y me da igual hablar del Consejo, del Fiscal General del Estado o incluso del Tribunal Superior de Andalucía. Al final, todas las instituciones de la justicia están perfectamente coordinadas, lo cual debe ser tremendamente difícil, con la única finalidad de que no se llegue al fondo de la cuestión y que no se averigüe quién ha cometido un delito tremendo que tiene un beneficiario claro: Gil.
P. Él sostiene que ya era rico antes de ser alcalde.
R. Ahora paga las fianzas inmediatamente, y antes no podía pagarlas. Antes tenía las propiedades embargadas y ahora no. Tiene dinero, y antes no tenía.
P. Han recusado a dos magistrados de la Audiencia de Málaga en el juicio del caso caballos por considerar que favorecen a Gil, y esa recusación ha sido rechazada. ¿Eso les perjudicará?
R. La elección era complicada, pero tenemos derecho a un juicio justo y estamos absolutamente seguros de que esos dos magistrados no nos lo ofrecen. El no haberlos recusado habría supuesto renunciar a un principio democrático. Todos somos iguales ante la ley, y no pedimos nada salvo un juicio justo. Y si no se hace es que no estamos en un Estado de derecho, y estaremos luchando por la democracia ya no sólo en Marbella; también en Málaga.
P. Si el Supremo confirma la pena de 28 años de inhabilitación, puede acabar la carrera política de Gil. ¿Empezará una nueva etapa?
R. Estoy convencida de que el Supremo va a incrementar las penas a las que fue condenado Gil, y creo que su carrera política está terminada, pero al final de esa carrera hay gente buscando provecho. Ésa es la batalla que el PP inició hace tiempo. Creo que existe el pacto entre el PP y Gil, y que existe concretamente en Marbella, y consiste en acudir juntos a las próximas elecciones. Y también estoy convencida de que los problemas que estamos viviendo con las instituciones judiciales están vinculados con ese pacto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de enero de 2002