El Congreso ofrece plenos poderes a Duhalde

La Cámara de los Diputados del Parlamento argentino se dispone a aprobar en general -y luego a debatir en particular- los artículos de la de Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, que faculta al Gobierno encabezado el peronista Eduardo Duhalde a tomar decisiones de política económica y financiera sin consultar con el Congreso. El peronismo cuenta con la primera minoría entre los diputados, mayoría propia en el Senado y apoyo en ambas cámaras de los grupos parlamentarios del radicalismo y del Frepaso (izquierda). Las reuniones previas de los legisladores se realizaron bajo una intensa presión de lobbistas (grupos de presión) que representan a los sectores que se consideran más afectados. Una fuente parlamentaria dijo a EL PAÍS que "en algunos casos fueron verdaderas amenazas", tales como la suspensión de inversiones y el despido de personal.

El Banco Central dispuso un día feriado a efectos cambiarios, "sin excepciones", y una restricción a las actividades bancarias, que regirá en principio hasta el miércoles. Para entonces se espera la aplicación del paquete completo de medidas que prepara el Gobierno. El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, postergó el anuncio del plan hasta que el proyecto sea aprobado. La ley concedería al Ejecutivo, entre otras atribuciones, las de decretar una devaluación del peso estimada en un 29% con relación a la paridad uno a uno que mantenía desde 1991 con el dólar, aplicar una conversión a la moneda argentina de las deudas por créditos que los ciudadanos tomaron en dólares de los bancos, compensar la diferencia a las entidades financieras con un impuesto extraordinario a las exportaciones de hidrocarburos y modificar los contratos con las empresas a cargo de los servicios públicos para eliminar la llamada "cláusula dólar", que ataba las tarifas al valor de esa moneda, y asegurar que luz, agua, gas y teléfono se seguirán pagando en pesos.

Nuevos presupuestos

Las medidas del Gobierno cuentan con un 52% de "aprobación alta" y un 34,2· de "aprobación media" entre la población, según un sondeo realizado por la consultora Aresco en Buenos Aires y sus alrededores. El traspaso a pesos de las tarifas de servicios públicos tiene el mayor grado de adhesión con un 66% de opiniones favorables.

En uso ya de sus facultades especiales, el ministro Remes Lenicov podría terminar de ajustar el proyecto de Ley de Presupuesto de 2002 y enviarlo de inmediato al Parlamento. Según sus portavoces, el ministro de Economía argentino adelantó el programa económico a las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y tiene previsto viajar a Washington para presentar un presupuesto equilibrado y un plan económico que se considera "serio y sustentable". Los funcionarios argentinos esperan que se reanude la asistencia financiera en cuotas, prevista cuando se acordó el llamado "blindaje" a fines de 2002, y están dispuestos a conversar sobre la reprogramación de los pagos suspendidos de la deuda pública en un plazo que "por ahora no puede estimarse".

El anuncio de las medidas económicas será acompañado por la difusión de los subsidios a parados y el llamado "plan social", de asistencia alimentaria y sanitaria, diseñado por un equipo a cargo de Hilda González de Duhalde. La esposa del nuevo jefe del Estado, que ya se ocupaba de esas tareas en la provincia de Buenos Aires, asistida por una red de voluntarias conocidas como "manzaneras", trabajará ahora en el Gobierno nacional sin entrar en el Gabinete. Los reclamos y las demandas de todos los sectores que se consideran afectados por las medidas que han trascendido, y que satisfacen en principio a los intereses de la "nueva alianza" entre la política y los sectores productivos "nacionales", tal como la definió Duhalde, se volcaron sobre el Ejecutivo y el Congreso. Juan Pablo Cafiero, vicejefe del Gabinete de ministros, admitió "una fuerte presión sobre el Gobierno de quienes, en esta oportunidad, no les toca ganar en Argentina". Poco más tarde, el portavoz del presidente precisaba: "El Gobierno nacional no cederá a las presiones de las empresas privatizadas para que no se pesifiquen las tarifas de los servicios públicos". Sin dar nombres de personas ni de empresas, agregó: "Hay una cantidad de personas que van a tener que cambiar su manera de ganar dinero y están apretando fuerte al Ejecutivo y al Legislativo para que las leyes no los afecten, pero está clarísimo que en este tipo de cosas no vamos a ceder".

País arruinado

El portavoz dijo que había estado reunido con el jefe del Estado y que éste le decía: "Nunca he tenido tantos llamados en mi vida de todos los grupos que están planteando que no quieren que los toquemos". El secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, advirtió a su vez de que "la posición del Gobierno es muy firme, no hay lugar para los lobbistas. La situación no es para los que tienen miedo, lo que está en juego es el destino de un país que está arruinado".

El diputado Manuel Baladrón, vicepresidente del grupo parlamentario peronista, justificó la postergación del debate y las demoras en el comienzo de la sesión de ayer "porque se pidieron más precisiones y detalles" al Ejecutivo. Los grupos minoritarios anticiparon que no aprobarían el proyecto de ley. Luis Zamora, de Autonomía y Libertad, considera que "radicales y peronistas vuelven a descargar las consecuencias de la crisis que ellos mismos crearon en la mayoría de la población, sólo la devaluación del peso ya es un mazazo para los asalariados. El proyecto refleja las presiones y las exigencias de los grupos económicos, el propio Duhalde reconoció amenazas del [presidente español José María] Aznar".

El Ejecutivo y el Parlamento están también sometidos a las presiones que les llegan desde la calle. Los ciudadanos, encerrados en el llamado "corralito" financiero, que les impide disponer libremente de sus depósitos y ahorros bancarios, hacen saber por todos los medios que se repetirán los cacerolazos si las medidas no satisfacen las demandas de la mayoría. El Gobierno comprometió la garantía del Estado para la devolución de los depósitos realizados hasta el pasado 30 de noviembre en la moneda en que fueron hechos, pero no confirmó en qué plazo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de enero de 2002