Las empresas españolas temen ser el chivo expiatorio de la gravísima crisis que atraviesa Argentina, cuyo Gobierno se dispone a recibir plenos poderes del Parlamento para afrontar las reformas económicas. Los inversores extranjeros tienen la impresión de que el nuevo presidente, el peronista Eduardo Duhalde, castigará a los sectores financiero y de servicios, mayoritariamente controlados por empresas españolas.
'No nos atienden. El ministro de Economía se limitó a decirnos: 'Oportunamente, ya les vamos a llamar'. Así lo aseguraba ayer una fuente del sector empresarial español en Buenos Aires. Ante el silencio oficial, grupos que gestionan servicios públicos privatizados -como Telefónica, Gas Natural o Endesa- se preparan a emprender acciones judiciales en el caso de que las medidas aprobadas por el Congreso den luz verde a la transformación de sus tarifas de dólares a pesos, cuya devaluación inicial se estima en el 29% en relación a la paridad uno a uno en vigor desde 1991.
Mientras la Cámara de los Diputados tramitaba anoche la aprobación de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, una fuente parlamentaria aseguraba que algunos lobbistas [grupos de presión], en alusión a las empresas españolas con intereses en Argentina, habían amenazado ya con suspensión de inversiones y despidos masivos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de enero de 2002