El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha encargado a sus primeros espadas que estudien si hay base para presentar una querella por prevaricación contra los tres magistrados de la Audiencia Nacional, Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, que pusieron en libertad bajo fianza de 30.050 euros (cinco millones de pesetas) al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, Carlos el Negro, quien aprovechó la circunstancia para fugarse. Por su parte, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este jueves para analizar el caso.
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Fuentes de la Fiscalía del Estado aseguraron que la documentación del Consejo General del Poder Judicial, que consta de unos 300 folios, se recibió el vienes pasado a última hora. Agregaron que, a pesar de que el fiscal podría haber actuado de oficio y haber decidido presentar una querella nada más tener conocimiento de los hechos por la Fiscalía Antidroga, la querella no estaba preparada, en contra de la información que divulgaron el jueves pasado vocales del CGPJ elegidos a propuesta del PP.
Por el contrario, el fiscal decidió ayer encomendar el estudio de la documentación al teniente fiscal, José María Luzón, y a los fiscales jefes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, José Aranda y Eduardo Torres Dulce. Todos ellos tienen categoría de fiscal de Sala y los tres son o han sido jefes de la Fiscalía para la Sala de lo Penal del Supremo, es decir que integran la cúpula fiscal y tienen gran experiencia en esa jurisdicción, la única competente para juzgar a los magistrados de la Audiencia Nacional.
Querella por prevaricación
Los fiscales estudian la posibilidad de presentar una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por prevaricación culposa, es decir la establecida en el artículo 447 del Código Penal, que dice: "El juez o magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años".
En ningún caso la Fiscalía baraja la posibilidad de que los magistrados intencionadamente cometieran una prevaricación, bien porque hubieran recibido dinero o dádivas o por otras motivaciones.
Tanto si se presenta la querella como si se decide no hacerlo, la resolución del fiscal del Estado se conocerá esta semana, según fuentes de su oficina. Esto sería siempre antes de que el próximo lunes los tres magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional inicien el juicio contra los procesados por la Operación Temple, al que debe asistir el narco fugado, Carlos Ruiz Santamaría, Carlos el Negro, para el que el fiscal solicita una pena de 60 años de prisión y una multa de 417,4 millones de euros (69.000 millones de pesetas).
También la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial se reunirá mañana para debatir si abre expediente disciplinario a los tres magistrados por la fuga del presunto narco. Fuentes judiciales afirmaron ayer que la vía disciplinaria es muy difícil de aplicar, ya que la actuación de los tres jueces de la Audiencia no encaja en ninguna de las conductas tipificadas como faltas muy graves, graves o leves en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Uno de los tres magistrados que integran la Sección Cuarta de la Audiencia manifestó ayer que la decisión de poner en libertad a Carlos el Negro es jurídicamente correcta, aunque resultó fallida. "Tengo la conciencia personal, profesional y humana absolutamente tranquila", declaró. "Cuando se toma una decisión jurisdiccional", agregó, "se asume un riesgo y, aunque se adopte dentro de la más estricta legalidad y tomando todas las cautelas, puede resultar fallida, y ése es, precisamente, el riesgo que se toma".
El juez defendió la decisión adoptada porque la enfermedad que padece el narcotraficante fugado "es gravísima. Es una psicosis maníaco depresiva con ciclación rápida y tendencias suicidas. No es una simple depresión. Lo que ocurre es que la decisión ha resultado fallida porque el imputado ha eludido la acción de la justicia".
Por su parte, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional mantuvo ayer una reunión de carácter extraordinario y exclusivamente informativa sobre el caso.
El presidente de la Audiencia, Carlos Dívar, dijo que no se había valorado la actuación de los magistrados, y que la institución estará a lo que digan el CGPJ y la Fiscalía. En lo personal, Dívar afirmó que el asunto le había producido disgusto y dolor por lo que ello significa. "Que los ciudadanos pierdan confianza en la Administración de Justicia y, en concreto, en la Audiencia Nacional, me produce dolor. Esa pérdida se produce por un hecho aislado como éste, pero restablecer esa confianza cuesta mucho trabajo. Por ello, me disgusta como juez, como miembro de la Audiencia y ahora como presidente", puntualizó.
Reunión con el abogado
El abogado que gestionó la libertad de Carlos el Negro, Gustavo López-Muñoz, acudió ayer a la Audiencia Nacional, donde se entrevistó con el presidente del tribunal, Carlos Cezón. López-Muñoz aseguró que acababa de llegar de Miami (EE UU) y que quería dar la cara. Desmintió que hubiera anunciado al presidente la presentación de su cliente al juicio, como se rumoreó, y recordó a Cezón que ya le había dicho que adoptase las cautelas necesarias. "Ya le dije que no me parecería improcedente que adoptase todas las cautelas habidas y por haber, como que mi cliente tuviera que dormir diariamente en la Audiencia Nacional o que le pusieran una pulsera electrónica", manifestó el letrado.
"Aunque la resolución de libertad es muy corta y no lo explica", dijo el letrado, "en el ánimo de los magistrados pesó, sin duda, que se recibió una comisión rogatoria de Colombia en la que los jueces y la policía colombiana negaban que conocieran a Carlos Ruiz, a la vista de la foto y las huellas decadactilares que mandó la Audiencia, y eso crea sospechas de que algo no está bien cuando la Fiscalía le imputa una asociación con el cártel de la Costa y el de Bogotá".
López-Muñoz aclaró que se marchó a ver a su familia antes de que pusieran en libertad a Carlos el Negro, que fue otra abogada llamada Esther quien pagó la fianza. Agregó que fue su compañero Luis Carmona quien fue a recoger al preso a la salida de la cárcel el día 22 de diciembre y le llevó hasta su domicilio conyugal. Carlos el Negro, de nacionalidad mexicana, se casó en prisión con una española, que está embarazada.
Después, el 26, cuando la noticia salió en la prensa, Cezón llamó a Carmona para decirle que quería que Ruiz Santamaría se presentase en la Audiencia. Carmona llamó entonces a Carlos el Negro y a éste le entró pánico. Le dijo al abogado que le iban a revocar la libertad y que con el escándalo, le iban a condenar. A pesar de todo quedaron en una cafetería próxima a la Audiencia Nacional para el día siguiente, pero el presunto narco ya no se presentó. López-Muñoz aseguró que Ruiz no se ha puesto en contacto con él.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de enero de 2002