El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado la apertura de juicio oral sobre el alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, miembro del Partido Popular y procurador en las Cortes de Castilla y León, acusado de delitos de acoso sexual continuado, coacciones y lesiones, que tuvieron presuntamente como víctima a Nevenka Fernández, ex concejal de Hacienda de Ponferrada.
Fernández, economista, de 27 años, interpuso el pasado año una querella criminal contra el alcalde de Ponferrada en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dado que Ismael Álvarez es diputado autonómico y tiene la condición de aforado. Nevenka Fernández ha mostrado su alegría por que el caso haya llegado finalmente a juicio, que era lo que ella había solicitado.
El juez instructor del caso, Antonio César Balmori, ha atendido las peticiones de la acusación particular y de la acción popular, que solicitaban que el alcalde fuera juzgado no sólo por acoso sexual sino también por lesiones y coacciones.
La acusación particular pide la inhabilitación especial del alcalde, un año de prisión, multa de 18.030 euros (tres millones de pesetas) por acoso sexual continuado e indemnización de 12.020 euros (dos millones de pesetas) por lesiones psíquicas a la víctima.
Un millón de indemnización
El escrito de la fiscalía sitúa la pena solicitada en 15 fines de semana de arresto para Ismael Álvarez y 6.010 euros (un millón de pesetas) de indemnización para Nevenka Fernández por los acosos sufridos. La defensa del alcalde de Ponferrada pedirá la libre absolución del acusado.
El juicio se celebrará probablemente la próxima primavera. El alcalde de Ponferrada ha insistido públicamente en los últimos días en que tiene interés en que se celebre el juicio, en vez de que se archiven las diligencias. Álvarez había percibido que tanto las acusaciones como el fiscal consideraban necesario un juicio.
Mientras sus compañeros de partido en las Cortes autonómicas y en la dirección provincial y regional del PP insisten en que se espere a la sentencia judicial para pedir la renuncia a los cargos públicos de Álvarez, el PSOE de Castilla y León considera que el caso tiene "especial gravedad, ya que se trata de un delito especialmente sensible en la sociedad", según hamanifestado José Francisco Martín, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento regional.
Martín se pregunta "cuándo va a reconocer el PP las responsabilidades políticas inherentes a la doctrina de aplicación de responsabilidades políticas que tanto ha promulgado anteriormente". En las últimas semanas, el alcalde de Ponferrada ha tomado numerosas iniciativas urbanísticas sobre terrenos de la ciudad, por importe de miles de millones de pesetas, y que han sido calificadas de "ilegales" por el grupo de concejales socialistas, en la oposición.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de enero de 2002