Las empresas concesionarias de autopistas aceptaron ayer comprar la paz. Es decir, asumieron destinar los beneficios que se produzcan a partir de determinados incrementos de tráfico a rebajas a los usuarios o a inversiones sin ningún tipo de compensación. Así lo asumieron los representantes de las tres principales concesionarias que operan en Cataluña: Acesa, que explota las A-7 entre Francia y Murcia, y la A-2, que va desde Tarragona a Zaragoza; Aucat, que gestiona los túneles del Garrafa, hasta El Vendrell, y Autema, que explota la Terrassa-Manresa.
Todo empezó en la localidad de Gelida (Barcelona). A la vista de que desde el pasado 16 de julio no se había celebrado ninguna reunión del grupo sobre peajes creado por el Parlamento catalán, sus miembros decidieron reunirse al margen del Gobierno catalán. De todas formas, le notificaron la existencia de la reunión y le invitaron a asistir. El consejero de Política Territorial, Felip Puig, declinó la invitación.
Las cosas cambiaron radicalmente cuando se supo que a Gelida no sólo irían los representantes de los partidos (salvo CiU), consumidores y sindicatos, sino que comprometían su presencia las principales concesionarias: Acesa, Aucat y Autema. Ayer por la mañana, el Gobierno catalán negociaba contrarreloj para lograr que, una vez terminada la reunión, una comisión de la misma acudiera al Departamento de Política Territorial para entrevistarse con el consejero. Los reunidos aceptaron citarse con Puig.
A las seis de la tarde, ya se había alcanzado un principio de acuerdo sobre cuatro puntos y un calendario. Dos horas después, Felip Puig asumía el acuerdo e incluso decía que coincidía con lo previsto por el Gobierno catalán.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de enero de 2002