El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante, en la oposición, denunció ayer ante el fiscal de delitos ecológicos de la Audiencia de Alicante, Ricard Cabedo, que el gobierno local que preside el popular Luis Díaz Alperi no ha ejecutado los decretos que ha emitido sobre demolición de antenas de telefonía móvil instaladas sin permiso.
Según la denuncia, firmada por la concejal socialista María Elena Contreras, el Ayuntamiento de Alicante ha dictado providencias ordenando la demolición de antenas y apercibiendo de multas a sus responsables, pero ninguna de ellas se ha cumplido, ni por los particulares ni por el Ayuntamiento de forma subsidiaria. El Consistorio reguló la instalación de este tipo de antenas en el ámtito urbanístico, pero, según la edil del PSPV, 'no se está cumpliendo la normativa'.
La edil relata al fiscal de delitos ecológicos que el Consistorio alicantino no ha realizado mediciones de las radiaciones electromagnéticas en dichas instalaciones ni en su entorno que permitan evaluar los posibles peligros de las antenas para la salud de las personas.
'Parece increible que de los 47 decretos de demolición que ha firmado el Ayuntamiento no se haya ejecutado ni uno solo', declaró ayer Contreras tras registrar la denuncia en la Fiscalía.
No es el único caso de antenas de telefonía móvil que llega a los tribunales en Alicante. Asociaciones vecinales han denunciado en los juzgados la instalación de antenas en varios puntos de la ciudad, aunque, de momento, no se han producido resoluciones de los tribunales.
La regulación municipal sobre este tipo de instalaciones, recogida en el punto 15 del Plan General de Ordenación Urbana, se limita a establecer una serie de condicionantes de tipo urbanístico, pero no entra en el apartado de las radiaciones.
El Ayuntamiento de Elche, sin embargo, está confeccionando una ordenanza que rebaja 400 veces el nivel de radiación máximo que permite la normativa estatal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de enero de 2002