La desconfianza y la tensión que han caracterizado hasta ahora las relaciones entre el Gobierno de Silvio Berlusconi y la magistratura italiana han dado paso este fin de semana a una guerra abierta entre el Ejecutivo y el poder judicial, coincidiendo con la inauguración del año judicial 2002. Jueces y fiscales aprovecharon las 26 ceremonias que se desarrollaron en los diferentes distritos judiciales del país para protestar contra lo que consideran una ofensiva del Ejecutivo contra su autonomía e independencia. El Gobierno ha respondido que no está dispuesto a dialogar con "extremistas".
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El punto de máxima tensión se registró en Milán, donde el fiscal general, Francesco Saverio Borrelli, aprovechó su discurso para responder con dureza a las acusaciones contra los jueces lanzadas por Berlusconi, que les ha culpado de haber provocado una guerra civil en Italia al destapar el escándalo de Tangentopoli.
Centenares de jueces y fiscales en Roma, Milán, Palermo, Nápoles, Turín o Bari se presentaron en las aulas magnas de los tribunales vistiendo las togas negras y no las togas rojas de ceremonia o la ropa de calle, como es habitual en estos casos, para expresar su irritación. En Lecce, en Apulia (sur), muchos magistrados se quedaron en casa y depositaron en los asientos las togas, como símbolo de un poder judicial al que se quiere vaciar de contenido, en su opinión. En el Tribunal de Milán se registró una asistencia masiva, no sólo de jueces, sino de público. Algún periódico se refería ayer al "pueblo de Manos Limpias" para explicar tanta audiencia en un acto oficial. Lo cierto es que estos días se cumplen diez años del estallido de Tangentopoli, el escándalo de corrupción político-financiera destapado por los jueces de la fiscalía milanesa del movimiento Manos Limpias, un fenómeno que marcó el ascenso de la judicatura en la vida italiana.
Pero al poder de los magistrados parece haberle llegado la hora del ocaso con el triunfo electoral de la coalición que lidera Berlusconi. Borrelli, el magistrado que dirigió el pool, se despidió de la escena política con un largo discurso en el que respondía a la larga lista de acusaciones hechas por Il Cavaliere. El fiscal jefe arremetió en primer lugar contra la reforma de la justicia propuesta por Berlusconi, que aboga por la separación de las carreras de juez y fiscal Para Borrelli lo único que se pretende es someter a los fiscales al control del Gobierno. Un Ejecutivo cuyo talante hacia la justicia ha quedado de manifiesto en leyes recientemente aprobadas, empezando por la que dificulta el camino a las rogatorias internacionales y terminando por la que despenaliza el delito de falsificación contable.
El fiscal general de Milán mencionó en su discurso el "ultraje a la justicia", que representarían "los ejercicios de derecho que tengan por objetivo único anular o retrasar los procesos". Se refería Borrelli a la reciente intervención del ministro de Justicia, Roberto Castelli, en el juicio Sme-Ariosto, donde figura como imputado, acusado de corrupción, el propio Berlusconi. Castelli ordenó el traslado de uno de los magistrados, en lo que la oposición y los jueces han considerado un intento de sustraer el proceso al tribunal de Milán, el más comprometido con la batalla a Tangentopoli.
Ayer, el ministro Castelli reiteró su oferta de diálogo sobre la reforma, pero "no con los extremistas", dijo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de enero de 2002