Sigo desde este verano las informaciones que ha ido publicando su periódico sobre las polémicas despedidas de los profesores de religión católica, y siempre tengo la impresión de que su periódico rehúye el problema de fondo. A mi parecer, si dichos profesores son designados 'a dedo' sin pasar por los controles y baremos que seleccionan al resto de profesores pagados por las administraciones públicas, hay lógica interna en que se les prive de su plaza por el mismo sistema.
Es la propia situación de la religión católica dentro del sistema público de Educación la que resulta kafkiana y sólo explicable por el enorme poder de la Iglesia, al que ningún político se ha querido enfrentar: en un Estado laico se permite impartir una asignatura de marcado carácter confesional financiada con dinero público; se castiga al resto de alumnos con otra disciplina fantasmal que ni siquiera se evalúa; se permite a un ente ajeno a la propia Administración nombrar con libre arbitrio a quienes van a impartirla, cuando se ponen en tela de juicio estos privilegios (que la Iglesia considera derechos adquiridos); se invoca el Concordato con la Santa Sede, que al parecer se sitúa incluso por encima de nuestra Constitución.
¿No tiene nada que decir el Tribunal Constitucional? ¿Rige para una mayoría la ley humana y sólo para unos pocos la ley divina?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de enero de 2002