La insostenible situación que se ha creado en Italia entre el Poder Judicial y Silvio Berlusconi podría resolverse en breve gracias a un acuerdo secreto, según informaba ayer el diario La Repubblica. La clave del acuerdo estaría en una especie de "intercambio" de favores entre la magistratura, que aceptaría la inclusión de una norma que permita "congelar" los procesos judiciales que afectan a Il Cavaliere en estos momentos, a cambio de frenar la reforma de la justicia que ha anunciado el Gobierno.
El diario informa de la existencia de importantes contactos al más alto nivel e insinúa incluso, que el presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, estaría tácitamente de acuerdo con la fórmula que se cobraría, al menos, una víctima en el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Roberto Castelli.
El destino político de Berlusconi está hipotecado por tres procesos judiciales (Sme-Aristo, Imi-Sir y Laudo Mondadori) ligados entre sí, en la medida que en todos la acusación que pesa sobre el primer ministro italiano es la misma: corrupción en actos judiciales. De todos ellos, el proceso más avanzado es el Sme-Ariosto, en el que Il Cavaliere está implicado junto a su ex abogado, Cesare Previti, y media docena de personas.
El temor del centro-derecha es que Berlusconi sea condenado por el tribunal de Milán que le juzga y se vea obligado a dimitir. Ninguno de los socios políticos de Il Cavaliere está en condiciones de tomar el relevo al frente del Ejecutivo, pero son muchos los líderes de la oposición que consideran peligroso este "escenario" porque haría de Berlusconi un mártir, en palabras de Clemente Mastella, que lidera un pequeño partido democristiano que forma parte de El Olivo.
En esta situación de parálisis, con dos tercios de la magistratura ferozmente opuesta al Ejecutivo y a la reforma de la Justicia ya en preparación, son varias las voces mediadoras que se han alzado estos días. El presidente del Consejo Superior de la Magistratura, Giovanni Verde, ha propuesto reinstaurar la autorización para proceder penalmente contra un parlamentario o un miembro del Gobierno, que desapareció del ordenamiento jurídico en 1993.
La hipótesis avanzada por La Repubblica serviría para establecer una paz entre el Ejecutivo y los jueces. La intención del Gobierno es congelar los procesos en los que se vea implicado un miembro del Ejecutivo. La situación judicial no se cancela, simplemente se archiva hasta que la persona implicada abandona el cargo público.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de enero de 2002