El abogado Antonio Fernández Pérez, autor de la demanda contra el Ayuntamiento de Sevilla por las molestias del botellón juvenil, dijo ayer que si las primeras medidas tomadas anoche hubiesen tenido lugar en su barrio 'hoy estaríamos en el juzgado de guardia'.
El demandante explicó que los cortes de tráfico realizados anoche por la Policía Local en la zona de la Alfalfa 'parecían hechos para que los jóvenes de la movida estuviesen tranquilos' y 'son justamente una de las medidas que desaconsejaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía' (TSJA). Por eso, aseguró que si estas medidas hubiesen tenido lugar en el barrio del Arenal, cuya asociación de vecinos preside, 'habríamos levantado un acta notarial de lo ocurrido y hoy estaríamos en el juzgado de guardia' por un presunto delito de desobediencia al juez. 'En lugar de poner vallas, tenían que haber ido cerrando todos los bares que venden copas para tomar en la calle', afirmó el abogado.
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Antonio Fernández, por otra parte, negó las afirmaciones del Ayuntamiento sevillano de que carece de un marco legal para actuar contra el botellón ya que, a su juicio, 'sí que lo hay, empezando con la Constitución en su referencia a la seguridad de las ciudades, o la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de enero de 2002