El Gobierno colombiano y la guerrilla salvan el proceso de paz

El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) salvaron ayer el proceso de paz con la redacción de un calendario de reuniones hacia una tregua, y acuerdos concretos para reducir la intensidad, y crueldad, de un conflicto que se ha cobrado 40.000 muertos en 38 años de vigencia. El compromiso permitirá al presidente, Andrés Pastrana prorrogar la llamada Zona de Distensión, o de "despeje", los 42.000 kilómetros cuadrados entregados a las FARC hace tres años para facilitar el proceso de paz.

Los negociadores, que en la madrugada de ayer, hora española, se disponían a hacer público un comunicado conjunto, avanzaron a la prensa que las FARC aceptan renunciar a las minas antipersonas, a las pescas milagrosas, (secuestros en retenes guerrilleros establecidos en las vías de comunicación) y la utilización de bombonas de gas cargadas de dinamita lanzadas en catapultas contra instalaciones policiales. El acuerdo se consiguió seis horas antes de que cumpliera el plazo dado por el Gobierno a las FARC para efectuar concesiones sustantivas. El jefe de Gobierno, según las primeras impresiones, salva la cara al presentar a sus compatriotas, resultados concretos, que la guerrilla deberá cumplir para ser creíbles.

"Hemos logrado algunos desarrollos, aún falta trabajo. Ahora continuaremos con el análisis del cronograma que dé un horizonte preciso en el tema que el país está reclamando de tregua con cese de fuego y hostilidades", declaró horas antes Camilo Gómez, negociador del Gobierno. La última jornada de las negociaciones, fue observada en directo por un delegado de la ONU, la Iglesia católica y los embajadores del Grupo de Países Amigos (España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Noruega, México, Cuba, Canadá y Venezuela). La guerrilla consultó frecuentemente a su jefe máximo, Manuel Marulanda, Tirofijo, ausente en la mesa, sobre la estrategia que debía seguir.

Vigente todavía el esquema de negociar en medio del conflicto, pese a que Gobierno ya lo considera agotado, las operaciones militares y guerrilleras continuaron durante el desarrollo de la ronda que salvó in extremis el errático proceso promovido por el presidente colombiano hace tres años con la cesión de una geografía equivalente a la de Extremadura. El Ejército y las FARC sostuvieron combates en el Valle del Cauca con 29 muertos y siete heridos. "Los insurgentes pretendían alterar el orden publico en Cali", denunció el general Fernando Tapias. Cuatro miembros del grupo Gaula murieron cuando trataban de rescatar a tres comerciantes secuestrados: cayeron en un campo minado y perecieron en el acto. La reacción castrense concluyó con otros 14 guerrilleros y once soldados fatalmente heridos, según fuentes oficiales.

El Ejecutivo se había manifestado decidido a suspender la Zona de Distensión si la guerrilla no aceptaba plazos concretos hacia la terminación de los secuestros, los ataques a la población civil o la destrucción de infraestructura. Las FARC, que reclaman profundas reformas sociales, entre ellas inmediatos subsidios al desempleo, y un combate frontal contra los paramilitares, optaron por las concesiones para conservar su cómodo refugio.

La negociación de acuerdos con la guerrilla más poderosa y antigua de América Latina, sublevada hace 38 años contra el orden establecido, comenzó hace 20 años. Las intentonas de los sucesivos gobiernos colombianos fracasaron, creció la desconfianza entre las partes, y las FARC consolidaron su doctrinario marxista, y un ejército irregular de 17.000 hombres, financiado con los secuestros, el narcotráfico y los impuestos revolucionarios, que fortaleció su margen de maniobra en las mesas de negociación. Su capacidad de quebrar la estabilidad económica e institucional, creen sus jefes, les aporta fuerza en su recorrido hacia la consecución de importantes cotas de poder en el Estado.

El defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, había manifestado que confiaba en un acuerdo que permitiera "negociar en serio y en un breve término el cese del fuego y de hostilidades porque el país no resiste más violencia ni más destrucción". "Destruir pueblos", agregó, "acabar con la poca infraestructura del país es demencial, absurdo, irracional, brutal. El país no lo tolera más y eso lo debe saber bien la guerrilla". Cerca de 40.000 personas murieron en los casi cuatro decenios de conflicto, medio millón abandonó sus hogares. Fuentes oficiales atribuyen a las FARC la muerte de 1.060 civiles el pasado año, 714 secuestros, el 25% de total, la destrucción total o parcial de 25 poblaciones, multimillonarios daños a la infraestructura nacional y la colocación de 25.000 minas antipersonas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de enero de 2002