Deben ser unos 100.000 en España trabajando de sol a sol, con sueldos bajísimos y con el temor de poder ser expulsados en cualquier momento si la policía les pide los papeles.
Si, además, se les ocurre protestar, manifestándose como lo han hecho 25 de ellos en Almería, sus posibilidades de ser expulsados se multiplican.
Nos dirán que no deberían estar aquí y que les prohibieron por ley reunirse y manifestarse. Éstas son las premisas de su ley, de la aplicación que de ella hacen, que ampara de hecho la explotación de esta nueva clase social, por debajo de las más desfavorecidas, que trabaja a nivel 'competitivo' para beneficio de empresarios sin escrúpulos. ¿Derechos? ¿Para qué? Sólo les quieren para trabajar sin protestar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de enero de 2002