La regularidad o irregularidad de que la Administración pública contrate a empresas sancionadas por faltas graves en materia de seguridad laboral enfrentó ayer, de nuevo, a Gobierno y oposición. Mientras Manuel Cobo, consejero de Presidencia, insistía en que el reglamento de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, que impide al Ejecutivo trabajar con dichas firmas, aún no ha entrado en vigor, el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo acusaba al Gobierno de mentir y aseguraba que existe un reglamento de 1996, aún en vigor, que el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón está incumpliendo. El PSOE denunció el miércoles que la Comunidad adjudica obras desde 1998 a diez empresas multadas por su alto índice de siniestralidad laboral y amenazó con acudir a la fiscalía.
Cobo esgrimió ayer el Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre de 2001, que da un plazo de seis meses para elaborar el reglamento de la ley (por tanto, no entraría en vigor hasta abril). Pero Fernández Gordillo replicó que ese reglamento 'sustituirá al de 1996, en vigor, y, en el punto que nos ocupa, dice exactamente lo mismo que el de 1996', esto es, que el Gobierno no puede contratar a firmas multadas por infracciones en materia de seguridad laboral.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de enero de 2002